La Justicia pone el foco en los desarrolladores y despega al Estado por fallas edilicias

En la ciudad de Neuquén existen edificios habitados que aún no cuentan con certificado final de obra municipal. Detrás de fachadas terminadas y departamentos ocupados persisten situaciones que para muchos vecinos se transformaron en problemas cotidianos: falta de agua cuando disminuye la presión de la red, desbordes cloacales hacia la vía pública, cocheras inutilizables y conexiones eléctricas provisorias que nunca fueron reemplazadas por instalaciones definitivas.

Se trata de una problemática que desde hace años genera conflictos entre propietarios, desarrolladores y organismos públicos. Sin embargo, recientes decisiones judiciales comenzaron a establecer con mayor claridad dónde se encuentran las responsabilidades y a desarticular una práctica frecuente: atribuir al Estado fallas cuya raíz estaría en obras privadas entregadas sin cumplir con las condiciones exigidas.

Uno de los casos que marcó un antecedente ocurrió en febrero de este año. El juez civil Martín Peliquero condenó solidariamente a Siri Construcciones S.R.L., a María Isabel Siri y a Raíces Neuquén S.R.L. por las irregularidades detectadas en el edificio “Ilia II”, ubicado en la esquina de Illia y Maestro Alderete.

La sentencia ordenó finalizar las obras pendientes e indemnizar a los propietarios que habían adquirido sus departamentos “en pozo” más de una década atrás. El expediente describe una serie de incumplimientos: unidades entregadas con superficies entre un 16 y un 20 por ciento menores a las prometidas en los contratos, cocheras imposibilitadas de funcionar por la ausencia del sistema de montacoches y un edificio entregado sin servicios esenciales como agua, gas, electricidad y ascensor.

El panorama se agravaba por otro dato: el edificio carecía de certificado final de obra, trámite que había sido rechazado por la municipalidad en 2017 al considerar que la construcción no reunía las condiciones necesarias.

Los propietarios habían esperado desde 2013 para acceder a sus viviendas y recién pudieron tomar posesión en 2016. Sin embargo, el magistrado calificó aquella situación como una “posesión teórica”, ya que el estado general del edificio impedía un uso normal de las unidades.

En medio de estos conflictos, el EPAS aparece con frecuencia como destinatario de reclamos y cuestionamientos. Según sostienen desde el organismo, muchos desarrolladores señalan a la red pública como origen de los inconvenientes cuando los problemas, aseguran, se originan en obras privadas que no ejecutaron la infraestructura requerida.

Esa postura también encontró respaldo en otra resolución judicial. En julio de 2025, la jueza de Faltas Romina Doglioli sancionó con más de 21 millones de pesos al desarrollador de un complejo ubicado en San Luis y Luis Beltrán por el vuelco de líquidos cloacales a la vía pública. En aquella decisión absolvió al EPAS y consideró que existió una omisión grave por parte del privado al no adecuar la infraestructura necesaria.

Desde el ente provincial explican que un edificio con decenas de departamentos no puede conectarse a la red utilizando la misma capacidad prevista para una vivienda unifamiliar previa ni descargar efluentes sin adecuar el sistema cloacal.

Para evitar estas situaciones, el organismo cuenta con procedimientos específicos para aprobar factibilidades y conexiones, que incluyen la presentación de proyectos, intervención de profesionales matriculados, inspecciones técnicas y certificados finales de obra.

Incluso, cuando las características del desarrollo lo requieren, el EPAS puede exigir obras complementarias o de refuerzo para garantizar la capacidad y funcionamiento adecuado del sistema.

Las decisiones judiciales recientes parecen reforzar esa mirada: la infraestructura pública puede tener limitaciones, pero la obligación de ejecutar las obras necesarias antes de entregar un edificio corresponde a quienes desarrollan los emprendimientos. El costo de omitir esas exigencias, concluyen distintos fallos, termina recayendo sobre vecinos que compraron una vivienda y sobre un Estado que luego debe intervenir para resolver problemas que nunca debieron existir.