La ley tiene por finalidad que el beneficiario de un subsidio de desempleo pueda, durante el tiempo que dure su búsqueda laboral, adquirir conocimientos que le permitan acceder nuevamente al mercado, ya sea porque mejoró su formación o adquirió conocimientos nuevos.


El gobernador Omar Gutiérrez presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para que los trabajadores desocupados realicen las acciones de formación y capacitación que señale la autoridad de aplicación a fin de percibir el correspondiente subsidio de desempleo.
En el documento se explica que se entiende por acciones de formación a todos los cursos de capacitación laboral que determine la autoridad de aplicación, dictados tanto por instituciones públicas o privadas, colegios profesionales o instituciones de la sociedad civil.
En el proyecto se expresa que la provincia del Neuquén cuenta con los índices más bajos de desempleo del país. No obstante, otorga subsidios de desempleo a aquellas personas que no cuentan con una fuente de trabajo, para que puedan contrarrestar la caída de ingresos producida por una pérdida involuntaria del empleo y generar un incentivo que ayude a la búsqueda y selección de un nuevo puesto laboral.
La misión del proyecto de ley es fomentar la capacitación laboral de los beneficiarios de los subsidios. Tiene por finalidad que el beneficiario de un subsidio de desempleo pueda, durante el tiempo que dure su búsqueda laboral, adquirir conocimientos que le permitan acceder nuevamente al mercado, ya sea porque mejoró su formación o adquirió conocimientos nuevos que le permiten enfrentar mejor esa situación.
Los beneficiarios del subsidio de desempleo deberán acreditar su asistencia a las capacitaciones como requisito para la percepción del mismo. La capacitación del trabajador es el objetivo del proyecto, convirtiéndose en un instrumento de inclusión de los trabajadores desempleados al mercado laboral.
El proyecto está conformado por cinco artículos. En su artículo 3º se expresa que el ministerio de Gobierno y Justicia o el organismo que en el futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación, quedando facultado para dictar las normas reglamentarias o aclaratorias necesarias.