Legisladores analizan la implementación de exámenes toxicológicos al personal de salud

La iniciativa que propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios para trabajadores del sistema de salud que se desempeñen en áreas críticas tomó estado parlamentario en la Legislatura provincial y comenzará a ser analizada en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C).

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, alcanza al personal del sistema sanitario público y privado que cumple funciones en sectores como guardias, unidades de terapia intensiva, quirófanos, neonatología y sistemas de emergencias, en condiciones laborales particularmente exigentes, caracterizadas por altos niveles de estrés, sobrecarga emocional, turnos prolongados y exposición constante a situaciones traumáticas.

La propuesta fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55º periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura de Neuquén, donde explicó que se busca priorizar la seguridad del paciente, sin desconocer los derechos y garantías de las y los trabajadores de la salud. En este sentido, señaló que de esta manera se garantiza profesionales aptos, se protegen vidas y elevan estándares de calidad asistencial.

La iniciativa plantea la implementación de un sistema integral de control toxicológico que combine mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento terapéutico.

Establece controles al ingreso a funciones críticas, evaluaciones periódicas y aleatorias, controles por causa fundada y procedimientos posteriores a incidentes críticos. Además, incorpora garantías como la confidencialidad, la protección de datos personales, el derecho de defensa, la contraprueba y el debido proceso administrativo.

El proyecto también adopta un enfoque sanitario y no punitivo, al reconocer las adicciones como problemáticas de salud que requieren intervención profesional y acceso a tratamiento. En tal sentido, prevé la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación destinados específicamente al personal de salud, promoviendo la reintegración laboral cuando resulte posible y seguro.

La propuesta se basa en experiencias normativas comparadas y en regulaciones existentes en actividades donde la seguridad de terceros resulta prioritaria, adaptando dichos antecedentes a las particularidades del sistema sanitario y al principio rector de protección de la salud pública. Así, se busca equilibrar adecuadamente dos valores fundamentales: la protección del derecho colectivo a una atención sanitaria segura y de calidad, y el respeto irrestricto a los derechos individuales de los trabajadores, mediante procedimientos proporcionales, transparentes y garantistas.