La provincia regularizó los Centros de Formación Profesional 39 y 41

La firma del Decreto N.º 1666/2026, suscripto por el Gobernador Rolando Figueroa, marcó un hito sustancial en el proceso de jerarquización de la Formación Profesional y del ordenamiento administrativo que impulsa la dirección de la modalidad Educación en Contextos de Privación de la Libertad (ECPL), del Consejo Provincial de Educación (CPE). Esta medida convalida resoluciones del 2023 y 2024, otorgando el reconocimiento institucional y el encuadre normativo definitivo a los Centros de Formación Profesional (CFP) Nº 39 y Nº 41.

Desde la dirección del CPE, se explicó que, hasta el inicio de la actual gestión, la creación de ambos espacios carecía de la formalización reglamentaria indispensable. Para subsanar esta situación, se instrumentó la rectificación de las resoluciones 949/23 a través de la Resolución N.º 450/24, logrando la adecuación de los Códigos Únicos de Establecimiento (CUE) y abriendo paso a la regularización formal.

Con motivo de esta adecuación, los centros se integraron formalmente al circuito de gestión del sistema educativo provincial, a partir de lo cual pudieron acceder a partidas presupuestarias específicas, a la previsión de cargos y horas cátedra, y contar con los recursos materiales esenciales para su normal funcionamiento.

Un pilar para ampliar derechos y garantizar inclusión

Desde la dirección de modalidad ECPL señalaron que la firma de este decreto reafirma los ejes rectores de la gestión provincial, vinculados a ordenar para redistribuir, institucionalizar para garantizar y gestionar para ampliar derechos. Con este respaldo legal, se busca consolidar una modalidad más transparente y organizada, capaz de ofrecer respuestas concretas dentro del sistema educativo.

Asimismo, la normativa destaca que la Formación Profesional representa una herramienta clave para promover la igualdad de oportunidades, potenciar la inclusión educativa y laboral, y jerarquizar la labor docente en los contextos de encierro. De este modo, se asegura que cada institución cuente con las condiciones normativas y administrativas idóneas para cumplir con su misión pedagógica.