Domuyo redefine su futuro: abren a consulta el nuevo Plan de Manejo del área protegida

La actualización del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Domuyo ingresó en una etapa decisiva. En Varvarco, la Provincia reunió a organismos técnicos, gobiernos locales, prestadores, consultoras, organizaciones y actores territoriales para presentar el borrador preliminar y abrir una instancia de revisión orientada a consensuar prioridades, lineamientos de gestión y criterios de implementación. El objetivo del taller no fue simplemente informar avances, sino trabajar sobre un esquema general del plan que pueda llegar a su validación político-institucional con respaldo ciudadano.

El documento puesto en consulta muestra la escala del desafío. El Área Natural Protegida Domuyo abarca 92.835 hectáreas en el departamento Minas y protege el macizo del Domuyo, de 4.709 metros sobre el nivel del mar, la mayor elevación de la Patagonia. En ese territorio conviven ambientes altoandinos, estepa patagónica, glaciares, humedales de altura y un sistema singular de manifestaciones termales y campos geotérmicos. El plan que se está actualizando tiene horizonte 2026–2031 y reemplaza la planificación vigente desde 2007 con un enfoque más estratégico y participativo.

La propuesta no parte de cero. Domuyo fue creado en 1989 y luego incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por la Ley 2594. Su origen ya reconocía el valor excepcional de la zona: sus sistemas ecológicos, sus aguas termales, su biodiversidad, sus usos medicinales tradicionales y su patrimonio cultural. La actualización del plan busca traducir ese mandato histórico en una herramienta de gestión más precisa, capaz de responder a las presiones actuales y a los nuevos usos del territorio.

El taller de consulta se organizó sobre un método claro. La instancia actual corresponde a la fase de validación, luego de una etapa de diagnóstico y otra de planificación. Durante la jornada se trabajó en modalidad participativa, combinando presentaciones técnicas, grupos de trabajo, plenarios, diálogo estructurado y ejercicios de construcción de consenso. Los ejes de debate fueron la visión y misión del área protegida, la zonificación, los valores de conservación, las amenazas, los lineamientos para actividades clave -como turismo, ganadería, geotermia e hidrocarburos- y los aspectos de gobernanza.

Ese punto es central para entender por qué la actualización del plan tiene relevancia pública. Domuyo no es un área aislada ni homogénea. Se identifica una combinación compleja de valores ambientales, culturales y productivos: cursos de agua que nacen en el macizo y sus glaciares, humedales de altura, lagunas, manifestaciones termales, paisaje de alta montaña, biodiversidad representativa de la estepa y el altoandino, sitios fósiles y arqueológicos, y saberes asociados al uso tradicional del territorio. A la vez, reconoce la presencia histórica de la trashumancia ganadera, el crecimiento del uso turístico y la existencia de iniciativas vinculadas al recurso geotérmico.

También identifica amenazas concretas que hoy condicionan el manejo del área: la reducción de caudales por cambio climático, la degradación de hábitat por sobrepastoreo, el impacto del turismo descontrolado, la contaminación de cursos de agua, la presión de especies exóticas invasoras, la mortandad de fauna por caza o envenenamiento, la predación por perros sin supervisión y la necesidad de evaluar con rigurosidad el avance de la geotermia en etapa exploratoria.

La respuesta propuesta por el plan tiene escala y estructura. La propuesta organiza su implementación a través de 4 programas, 10 subprogramas de gestión, 14 objetivos, 25 estrategias, 182 actividades o subactividades y 15 proyectos especiales para el período 2026–2031. Además, redefine la zonificación del área mediante 7 unidades ambientales y 17 subunidades, con pautas específicas según valores de conservación, usos permitidos y nivel de sensibilidad. Es, en términos institucionales, una herramienta más fina para decidir dónde se puede intensificar el uso público, dónde se requieren restricciones mayores y qué tipo de gestión demanda cada sector.

En ese esquema aparecen con claridad los principales ejes de trabajo. El plan propone fortalecer el control y la fiscalización con más capacidades operativas y protocolos de emergencia; proteger biodiversidad y geodiversidad con monitoreo de glaciares, humedales y especies indicadoras; restaurar vegas y mallines degradados; consolidar un sistema de monitoreo ambiental y de efectividad de manejo; ampliar la educación ambiental; ordenar el turismo de naturaleza con criterios de capacidad de carga, seguridad y bajo impacto; y compatibilizar la ganadería con la conservación mediante un enfoque de ganadería regenerativa y monitoreo del pastizal.

Uno de los aportes más relevantes es que deja de pensar el uso público como una suma de actividades dispersas y lo integra en un Plan de Uso Público con objetivos definidos: conservar valores naturales y culturales, reducir riesgos, mejorar la experiencia de visita y generar beneficios locales compatibles con la conservación. Para eso incorpora pautas operativas concretas, como la regulación de circuitos, protocolos de seguridad, sistemas de permisos e información, límites de cambio aceptable, prohibición de acampe fuera de áreas habilitadas, restricción del tránsito vehicular por fuera de caminos autorizados y desarrollo de infraestructura turística en el entorno del área, no dentro de sus sectores más sensibles.

Otro aspecto técnico que gana peso en la actualización es la gobernanza. El documento plantea un Directorio de Manejo Participativo previsto por la Ley 2594 y una estructura multinivel con Mesa de Autoridades, Mesa de Puntos Focales, Mesa de Articulación Comunal y Mesa Ampliada, además de grupos de trabajo ad hoc. El diseño busca ordenar funciones: las autoridades validan, los puntos focales elaboran propuestas técnicas, las instancias comunales articulan con los gobiernos locales y la mesa ampliada canaliza aportes del sector privado, crianceros, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, INTA y universidades.

En los hechos, eso ayuda a explicar la composición de la jornada realizada en Varvarco. Participaron equipos del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la subsecretaría de Cambio Climático, la dirección provincial de Áreas Naturales Protegidas, Guardaparques, el CEAN, áreas de Recursos Hídricos, el Ente Provincial de Termas del Neuquén, la Subsecretaría de Turismo, las comisiones de fomento de Varvarco–Invernada Vieja y Coyuco–Cochico, además de consultoras especializadas y actores del territorio. El propio material del taller subraya que la participación no debe entenderse como una consulta meramente formal, sino como una contribución sustantiva a la calidad, legitimidad y viabilidad del instrumento de gestión.

En ese sentido, la actualización del Plan de Manejo de Domuyo no aparece como una revisión administrativa más. Lo que está en discusión es cómo se regula un territorio donde coinciden alta montaña, glaciares, termalismo, biodiversidad, veranadas, turismo creciente, patrimonio arqueológico y nuevas presiones de uso. La decisión de llevar ese debate al territorio, con una estructura de validación técnica y participación multiactor, apunta a que el documento final no solo sea sólido en términos ambientales, sino también aplicable en la práctica.