octubre 21, 2010
Participan representantes de todas las provincias argentinas. En el primer día de deliberaciones, el presidente del IPVU-ADUS, Rodolfo Kaiser tuvo a su cargo la apertura del encuentro. Las charlas se centraron en modificar el Sistema Federal de la Vivienda, teniendo en cuenta la importancia del concepto de urbanismo que se impone conforme la realidad que se vive día a día en cada uno de los organismos ejecutores de vivienda.
Durante dos días consecutivos, se desarrolla en Villa La Angostura la 56° Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Viviendas, con la presencia de representantes de todas las provincias argentinas.
El acto de apertura se realizó en la tarde de este jueves 21 de octubre en el hotel Correntoso de esta localidad lacustre, sede en esta oportunidad de la mencionada asamblea, y presidido por el titular del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo y de la Agencia de Desarrollo Sustentable del Neuquén (IPVU-ADUS), Rodolfo Kaiser. El cierre del encuentro está previsto para este viernes 22, a las 16, con la presencia del gobernador Jorge Sapag y de la ministra de Hacienda y Obras Públicas, Esther Ruiz.
Estuvieron presentes además el intendente de Villa La Angostura, Ricardo Alonso; el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, Gustavo Duran; la secretaria técnica del Consejo Nacional de la Vivienda, Ana María Mereatur; presidentes y autoridades de los institutos de vivienda de todo el país.
Luego de los discursos de apertura a cargo del presidente de IPVU-ADUS, Rodolfo Kaiser y del titular del Consejo Nacional, Gustavo Durán; se proyectó un video institucional de la provincia del Neuquén e inmediatamente comenzaron las exposiciones hasta las 21 horas. Mañana viernes 22 continuarán las ponencias de los representantes provinciales en el hotel Correntoso, hasta aproximadamente las 16, horario en que está prevista la clausura de las deliberaciones.
Rodolfo Kaiser en su exposición detalló el proyecto neuquino de modificación de la ley nacional N° 24.464 y la propuesta de modificar el Sistema Federal de la Vivienda para que involucre la urbanización dentro de sus atribuciones. El proyecto tiene por objeto que la legislación argentina relacionada con este sistema incluya y resalte la importancia del concepto de urbanismo que se impone conforme la realidad que se vive día a día en cada uno de los organismos ejecutores de vivienda.
El crecimiento poblacional de cada ciudad argentina, en términos generales, supera cualquier previsión en materia de urbanismo y la mayoría de ellas crecieron sin planes rectores ni proyectos que lo regulen, o si existen son insuficientes frente a los hechos que plantea la realidad.
Las consecuencias son conocidas -dice la propuesta-: redes de infraestructuras insuficientes para la cobertura de los servicios de agua, electricidad, gas y cloacas, construcciones en lugares prohibidos e inadecuados, usurpaciones de tierras, creciente inseguridad, barrios con escasa accesibilidad a los lugares donde se localiza la oferta de empelo, los establecimientos de salud y educación, los centros comerciales y los espacios recreativos.
El artículo 6° de la ley 24.464 respeta las autonomías provinciales en cuanto a decidir el destino final del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Sin perjuicio de ello, nada impide que un organismo interjurisdiccional como el Consejo Nacional de la Vivienda, elabore o desarrolle políticas de carácter general en materia de urbanismo, que actúen como criterios indicativos o rectores en la materia para todas las jurisdicciones.
El proyecto neuquino propone modificar en la vigente ley nacional 24.464 la denominación actual de “Sistema Federal de Vivienda” por el de “Sistema Federal de la Vivienda y Urbanismo” y “Consejo Nacional de la Vivienda” por el de “Consejo Nacional de Vivienda y Urbanismo”, incluyendo también dentro de las finalidades de este organismo el desarrollo de criterios indicativos sobre el tema.
Asimismo se proyecta incrementar al 40 por ciento anual, el tope del 20 por ciento anual que fija actualmente el artículo 7° de dicha norma, como autorización legal a cada provincia con destino a obras de infraestructura, servicios y equipamiento.