La subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía, emitió hoy un comunicado en el que fija postura respecto de la prostitución y el “supuesto debate” instalado en la Legislatura provincial.
A continuación, se transcribe el texto completo denominado “comunicado de la subsecretaría de las Mujeres respecto de la prostitución”
‘La subsecretaría de las Mujeres expresa que frente al “supuesto debate” instalado en la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, que se limita a proclamar una postura reglamentarista, que la misma va en contra y por ende viola el sistema abolicionista vigente en el país, fundado en los convenios, y declaraciones internacionales suscriptos -tales como la CEDAW, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos, Convención contra la Delincuencia organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, Declaración de los Derechos del niño y su Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía-. Por ello al incorporar los convenios suscriptos a la Constitución Nacional los mismos son de aplicación obligatoria en el territorio de la Nación.
La Argentina también es signataria del “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena” adoptado por las Naciones Unidas en 1949, a partir del cual se declaró abolicionista, posición sostenida actualmente por nuestro país. Este documento concretamente define en sus considerandos que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo”, en consonancia con la Ley 12331 sancionada en diciembre de 1936, vigente y de aplicación en todo el territorio nacional.
En base a este fundamento jurídico, es un dislate pretender que una ley provincial modifique o altere el sistema de la supremacía de las leyes. En definitiva, una ley provincial que se contrapone con la Constitución Nacional es inconstitucional y no puede aplicarse. Ello ocurriría si se sanciona la reglamentación de la prostitución como trabajo.
La prostitución, lejos de ser “el oficio más viejo del mundo”, es la violencia hacia las mujeres, trans y demás cuerpos feminizados, incluidos niños y niñas, más antigua y permanente del planeta. La prostitución de ningún modo puede ser un trabajo, porque es un negocio y la mercancía que se compra y se vende son los cuerpos y las vidas de las personas prostituidas.
En nuestro país abolicionista, la prostitución no está tipificada como delito, por lo tanto, por el principio general del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Queda fuera de toda discusión que una mujer que ejerza la prostitución sea sancionada, detenida o violentada por ello.
El sistema abolicionista protege a las mujeres en situación de prostitución y condena a los proxenetas, no tomando aún una postura respecto del cliente prostituyente, lo que consideramos una deuda pendiente. En la provincia del Neuquén no están vigentes códigos contravencionales ni los edictos que sancionan y castigan a las personas prostituidas.
La Trata de Personas está íntimamente relacionada con la prostitución, al ser la actividad que provee las personas (mercancía) que comercializan los tratantes que se rige por las normas de mercado, demanda (clientes prostituyentes) y oferta, personas, cosa sin derechos. No es posible separar la prostitución ajena de la trata de personas con fines de explotación sexual, porque la segunda es consecuencia de la primera y afecta a miles de personas vulnerables, violando todos los derechos humanos consagrados.
Alberto Illief, psicólogo especialista en género y coordinador de la Red Abolicionista, expresa que “la prostitución es un signo de la profunda desigualdad de una sociedad. Son las personas con sus derechos vulnerados las que se hallan en esta actividad; son en su mayoría las mujeres, las niñas pobres, a las que se les ha negado el acceso a la educación y capacitación. Aceptar esta situación es un modo de no modificar absolutamente nada, de estigmatizarlas, es sancionar como salida laboral la explotación sexual”.
Tampoco se debe separar la prostitución del proxenetismo y de la trata de personas, ambas son caras de la misma violencia y así lo entiende la Justicia Argentina. Reiteradamente lo ha expresado el Dr. Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas-PROTEX: “El sistema prostibulario es la trata, es la explotación de personas. Es incompatible pensar en un trabajo autónomo dentro de un prostíbulo, porque las propias lógicas (de ese sistema) llevan a que la mujer sea un instrumento, un objeto de ese consumo sexual”.
Ilieff expresa que “hablar de la prostitución no es referirse a situaciones individuales o que solamente atañe a un grupo determinado de mujeres u hombres. Es un tema que compete a toda la sociedad porque todas y todos somos responsables”. Agrega que “el prostituyente es un sistema en el que intervienen variados actores (dueños de burdeles, proxenetas, rufianes, tratantes, taxistas, dueños de hoteles, etc.) de los cuales el fundamental es el prostituidor o mal llamado “cliente”. Hacer girar todo sobre la opinión o historia individual de un grupo de personas es no querer ver a todos los otros partícipes y dejar sin voz a las que no aceptan esta situación de violencia”.
En este sentido, la subsecretaría de las Mujeres tiene por objetivo principal promover y garantizar los derechos de las mujeres. Por ello visibilizamos la desigualdad de género, poniendo especial énfasis en lo que representa el sistema prostituyente legitimado socialmente como “un mal necesario”, lo que configura la expresión más brutal del patriarcado y el sistema capitalista’.