octubre 9, 2009
El Consejo Provincial de las Mujeres organizó la actividad, al cumplirse 12 años desde la sanción de la norma sobre atención de la violencia familiar. La cita es el viernes 16 de octubre, de 8.30 a 16, en la facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue.
El Consejo Provincial de las Mujeres -que depende del ministerio de Coordinación de Gabinete- convocó a participar del foro local “A 12 años de la ley provincial Nº 2212, avances y retrocesos en su implementación”, que se realizará el viernes 16 de octubre, de 8.30 a 16, en el auditorio de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (ubicada en Buenos Aires 1600 de Neuquén capital).
Desde el organismo provincial indicaron que el objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la aplicación de ley en los ámbitos competentes. Precisaron que la propuesta es deliberar sobre “los avances, fortalezas y aspectos que se podrían reformular, ampliar o corregir, pensando siempre que los instrumentos que se construyen necesariamente deben estar al servicio de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad y riesgo”.
El foro está dirigido a las personas que trabajan en las áreas de prevención, atención y tratamiento de situaciones de violencia de los sectores de salud, policía, justicia y desarrollo social. También a miembros de organizaciones de la sociedad civil y al público en general interesado en el tema.
El espacio de debate está organizado por el Consejo Provincial de las Mujeres, el servicio de Prevención en Violencia Familiar de la provincia, la dirección de Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades del municipio de Neuquén y la dirección de Áreas Sociales del hospital Castro Rendón.
Antecedentes
Desde el Consejo Provincial de las Mujeres recordaron que, antes de la sanción de la ley provincial Nº 2212, en Neuquén no se veía a la violencia familiar como un problema social, sino que “era considerada una cuestión privada que ocurría dentro de la intimidad del hogar y nadie podía intervenir”, además de que “primaba el mito de que las mujeres permanecían en esa situación porque les gustaba”.
“Al no haber una norma específica, las maneras jurídicas de intervención eran muy complicadas; por ejemplo, para excluir a un hombre violento en las uniones de hecho, se tramitaba un juicio de desalojo, en los supuestos de matrimonio había que iniciar un juicio de divorcio y otro trámite era la denuncia penal por delito de lesiones, que generalmente no prosperaba”, relataron.
Indicaron que esa negación del problema “persistió en Argentina hasta que se difundió a través de todos los medios de comunicación la noticia de que Alicia Muñiz había muerto en un ´confuso episodio´ y todo indicaba, en realidad, que el responsable era su ex marido, Carlos Monzón; con el correr de los días, y llegando al juicio, ante una opinión pública que prefería ver a Monzón como víctima y no como asesino, el caso se convirtió en un hito en lo referido a violencia de género”.
“A partir de este hecho, se comenzó a ver el problema como un flagelo social en el que se debía intervenir de un modo específico con gente capacitada en la materia, implementando un trámite ágil que le permita a la víctima interrumpir la situación de violencia con medidas concretas”, señalaron.
Comentaron luego que fue a partir de esos hechos de fuerte impacto social “y en un escenario político diferente, que tiene que ver con el advenimiento de la democracia en nuestro país”, que se empezó a trabajar en el tema desde organizaciones de mujeres. En ese contexto, remarcaron, en 1987 el gobierno provincial de Neuquén instaló un área específica para la atención de mujeres víctimas de violencia familiar a cargo de tres profesionales: Azucena Olmos, Natalia Capelino y Nara Osés. “Así se comenzó a visualizar la violencia doméstica como un problema grave en la vida de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes y se empezó a desnaturalizar lo que sucedía en el seno de muchas familias”, afirmaron.
En 1994, según explicaron, se creó en la provincia un área de atención de niños y niñas víctimas o testigos de violencia familiar, como también del abuso sexual en el ámbito intrafamiliar, y un año después se abrió un área de atención a hombres victimarios.
Agregaron que, también en 1994, ante la modificación de la Constitución Nacional, las provincias comenzaron a elaborar normas y procedimientos “que permitieron intervenir en situaciones de violencia familiar y garantizar medidas de protección hacia quienes están expuestos en estas situaciones”. Indicaron luego que, en consecuencia, en 1996 empezó la redacción de un anteproyecto de ley para la provincia de Neuquén que derivó en mayo de 1997 en la promulgación de la norma Nº 2212, denominada “de protección a los actos de violencia familiar”, que entró en vigencia a fines de ese mismo año.