diciembre 9, 2008
La dirección provincial de Minería rechazó un primer informe presentado por la empresa que impulsa el proyecto. Ahora, analiza una segunda presentación de la firma. También está prevista la realización de una audiencia pública.
La dirección provincial de Minería está analizando el segundo informe de impacto ambiental presentado por la empresa Emprendimientos Mineros S. A., vinculado al proyecto de exploración de reservas de cobre en Campana Mahuida, a 15 kilómetros de Loncopué. El organismo había rechazado días atrás la primera presentación de la firma porque la información era imprecisa.
De aprobarse el nuevo documento, la legislación prevé la realización de una audiencia pública para que los pobladores de la zona donde se desarrollará el proyecto puedan hacer consultas sobre su impacto ambiental a los responsables de la empresa.
Carlos Portilla, director provincial de Minería, explicó que el primer informe de impacto ambiental que presentó la empresa fue desestimado porque “no se ajustaba a las formalidades de presentación” y también porque “la información que contenía era insuficiente”.
Indicó que, “como un informe de impacto ambiental es un documento que tiene carácter de declaración jurada, todo lo que allí se explica justamente es un compromiso en cuanto a las acciones que se deben realizar para remediar el ambiente una vez finalizado el proyecto; de manera que debemos ser muy cuidadosos de que esa declaración jurada contenga realmente todas las cuestiones relativas a garantizar la preservación del medio”.
En el caso de la primera presentación de Emprendimientos Mineros S. A., “el contenido era insuficiente desde el aspecto técnico”, puntualizó. Entre otros puntos, faltaban datos vinculados con las instalaciones fijas, los vehículos a utilizar, el tipo de garantía para el pozo de exploración y los insumos que se planea usar.
El funcionario informó que la empresa presentó un segundo informe, más detallado, que está en evaluación para determinar “si cumple con la formalidad y con la cantidad y calidad de información necesaria”.
“Lo que permitamos hacer a partir de ese papel que se presenta es el compromiso que queda escrito y expresado con respecto a las obligaciones que la empresa tiene con el ambiente, así que somos sumamente cuidadosos en esta instancia”, justificó.
Añadió que, según la legislación vigente, “el paso siguiente es llamar a una audiencia pública para que el público conozca sobre el proyecto, a la vez que formule las preguntas y se saque todas las dudas sobre ello y, si la audiencia pública es exitosa, aunque no sea vinculante, se procede a emitir la declaración de impacto ambiental, que es un documento que habilita a comenzar con las tareas en el terreno”.
Aclaró que, “en esta primera etapa no podemos hablar de explotación; esta etapa del proyecto es una exploración para definir cantidad y calidad de mineral de cobre, es lo que se conoce como reserva, a la vez que los límites del yacimiento”. Agregó que luego, en base a los datos que se obtengan y si la factibilidad técnica del mercado así lo indica, “se van a poder diseñar para una próxima etapa las tareas de explotación”, que estarían a cargo de la misma empresa.
Respecto de los posibles reparos de los pobladores de la zona hacia el proyecto, Portilla manifestó que generalmente se relacionan con “el desconocimiento sobre la actividad específica, las dudas y los miedos que se generan a partir de ese desconocimiento, y a lo mejor con perspectivas un poco apocalípticas que hay sobre la minería”.
Comentó que “hay toda un sensación de que la minería va a destruir, que es mala, que la minería es igual a muerte y demás”, que se debe a que “ésta, como cualquier otra actividad, al no ser conocida, genera este tipo de situaciones y la gente a lo mejor no sabe o desconoce la importancia que tiene la minería para la vida diaria de todos nosotros”.
“Los elementos que diariamente utilizamos, desde el tenedor hasta el automóvil, el celular, la mesa o la silla, la casa, el piso; todo, absolutamente todo, sería imposible si la minería no desarrollara su actividad como corresponde”, expresó.
Recalcó además que los temores son infundados, ya que la minería “es una actividad que tiene un marco legal muy amplio en cuanto a lo ambiental” y todos los aspectos que se vinculan con ella son “totalmente controlables y factibles de realizarse”.
Control del Estado
Portilla afirmó que el gobierno provincial cuenta con el equipamiento necesario como para poder llevar adelante los controles de impacto ambiental y señaló que “un ejemplo de ello es el trabajo de auditoría continua que se realiza en Andacollo; donde se ha celebrado un convenio entre Cormine -que es el titular de las minas en el lugar-, la subsecretaría de Medio Ambiente y la dirección provincial de Minería”.
“En ese convenio quedó establecido que, mediante las regalías que la empresa está aportando a Cormine por la extracción de oro y plata, parte de ese dinero se vuelca en controles; de manera que hay personal de policía minera en forma permanente viendo y auscultando todos los aspectos del proyecto”, detalló.
Aclaró también que, si bien es la dirección de Minería la autoridad de aplicación sobre este punto, “en el ámbito de esta dirección provincial está funcionando la dirección general de Evaluaciones Mineras, que depende de la subsecretaría de Medio Ambiente; es decir, que es un trabajo combinado” entre ambos organismos.
En cuanto a la audiencia pública, el funcionario planteó que “es el mecanismo que prevé la legislación a fin de asegurar una participación ciudadana sobre un determinado proyecto” y que los expositores son los responsables del emprendimiento. Sin embargo, agregó, “si la comunidad desde sus distintas organizaciones o distintos ámbitos requiere que el Estado esté presente explicando los alcances de la actividad y del proyecto en particular, sobre el avance de los controles y demás, con gusto vamos a acudir a donde nos llamen”.