noviembre 24, 2011
Hoy se trata en particular y será retroactiva al 1 de noviembre. Además, ayer los diputados aprobaron la reforma del Código Procesal Penal y la modificación de la Ley N° 2212 de protección y asistencia a víctimas de violencia familiar.
Ayer miércoles 23 de noviembre, la Legislatura aprobó en general y por mayoría la nueva ley de remuneraciones para el sector de salud pública, norma que hace eje en un aumento salarial para profesionales con dedicación exclusiva, además de incrementos para las guardias activas y pasivas y para los cargos directivos y jefaturas de hospitales. Hoy se trata en particular, y su vigencia será retroactiva al 1 de noviembre.
A la vez, el cuerpo votó en forma unánime la reforma del Código Procesal Penal (RPP) que introduce el modelo acusatorio y cambia radicalmente el modo de investigación y juzgamiento penal. La norma deroga la ley 1667 y fija un plazo de aplicación de 2 años, en el que se sancionarán las leyes complementarias.
También aprobó en general la modificación y actualización de la ley 2212 de protección y asistencia a víctimas de violencia familiar, e hizo lo propio con la ley que establece un nuevo régimen de protección para las mujeres víctimas de violencia tanto en el ámbito público como privado.
La 21ª sesión ordinaria comenzó a las 17 con la participación de 31 diputados y se extendió hasta las 23.30 bajo la presidencia de Carlos González, vicepresidente primero de la Cámara.
Ley de Remuneraciones Sector Salud
Graciela Castañón, diputada del Movimiento Popular Neuquino y miembro informante del proyecto de ley de remuneraciones, definió a la iniciativa como una medida para “retener el recurso humano -en referencia a los médicos- que se está yendo de los hospitales”.
Agregó que el punto de partida para generar la norma, fue el éxodo de profesionales que impedían garantizar la atención de la población.
Entre las exposiciones, Castañón dijo que la situación actual presenta un achatamiento salarial debido a algunos decretos que establecieron -desde 2009- sumas remunerativas fijas que beneficiaron mayormente a algunos sectores.
Destacó que la norma incorpora diversos ítems, por un lado el de ‘ruralidad‘ para profesionales del interior provincial; otro de ‘criticidad’ para retener especialistas; adicionales para agentes sanitarios urbanos y rurales (el doble de puntaje que los anteriores); y ‘rotatividad’ para enfermeros, entre otros.
La ley fue votada en forma favorable por 25 diputados, mientras que cinco diputados votaron en forma negativa y hubo una abstención. Como el proyecto no había sido tratado por la comisión de Hacienda y Presupuesto, desde el oficialismo el diputado José Russo pidió poner la Cámara en comisión, instancia que generó el debate en el que participaron 15 diputados.
Por otra parte, este jueves 24 de noviembre, se trata artículo por artículo de la ley, que tiene media sanción y cuya aplicación es retroactiva al 1º de noviembre. De esta manera, el Ejecutivo cuenta con 30 días para reglamentarla, y por otro lado deroga la ley Nº 2562; el artículo 7º de la ley 2265 y deja sin efecto los incrementos otorgados por decreto 837 del 2009.
Darío Mattio (MPN) explicó que los recursos de la norma son del orden de los 170 a 180 millones de pesos, una suma que el gobierno puede comprometer y no una cifra mayor que no puede disponer.
Silvia De Otaño, de la misma bancada, señaló que la ley es el comienzo para restablecer el sistema. Russo, en tanto, destacó el origen de la dedicación exclusiva en salud pública de la provincia y dijo que representa un “compromiso ideológico” que “se privilegia por primera vez”. Afirmó que en la actualidad “faltan médicos y no enfermeros o mucamas”.
Reforma Procesal Penal
La RPP es el resultado de dos años y medio de análisis e incluyó el trabajo de una comisión interpoderes que le dio forma a un plexo normativo de 272 artículos. El nuevo Código reemplaza el actual sistema procesal penal de tipo “inquisitivo reformado” por uno acusatorio; divide las tareas de investigación y juzgamiento que actualmente, se encuentran concentradas en el juez de instrucción, e incorpora principios de oralidad, transparencia y publicidad en los procesos, entre otros puntos.
Una de las novedades más relevantes es la introducción de juicios por jurados en causas de homicidios dolosos simples y agravados, abuso sexual calificado, privaciones ilegítimas de la libertad y causas graves en las que el fiscal requiera penas superiores a los 15 años.
Además, habilita la participación de la Defensoría del Niño y Adolescente como parte querellante en delitos contra la integridad sexual de menores y para juzgar delitos que involucren a integrantes de los pueblos originarios, estipula la aplicación del artículo 9.2 de la resolución Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo que obliga a los funcionarios judiciales a considerar sus usos y costumbres.
En su exposición como miembro informante, Russo afirmó que “si bien falta mucho por hacer, estamos en el inicio de un camino que acerca la justicia a los ciudadanos”. Dijo que el nuevo cuerpo normativo representa “una justicia adaptada a la realidad y no una realidad colisionada con la justicia”. Elogió el respeto a la diversidad cultural, el sostenimiento de los derechos de la víctima y los plazos razonables del proceso.
En el apartado de homenajes, los diputados provinciales recordaron a Ramón ‘Turco’ Jure, militante histórico del peronismo neuquino que falleció el pasado 14 de noviembre a los 72 años.