A 25 años de su creación, el Centro de Atención a la Víctima del delito (CAVD) se encamina a renovar las funciones de la institución. En el marco del proyecto de ley que modifica y actualiza el organismo, su director, Rodolfo de la Fuente, participó ayer de una reunión con la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura, presidida por el diputado Javier Rivero.
Durante el encuentro, que se realizó bajo la modalidad de teleconferencia, se comentaron los principales puntos de la reforma de la ley provincial 2152, sancionada en el año 1995. Se trata de la intervención directa del organismo para contener a las víctimas de violencia familiar y a su grupo familiar; contar con un cuerpo normativo que se actualice a las nuevas legislaciones vigentes; asistencia y contención a víctimas de siniestros viales; y la contención y asesoramiento de personas víctimas de catástrofes. Además, el proyecto elimina la palabra “delito” de su denominación original, para llamarse Centro de Atención a la Víctima (CAV).
Al respecto, De la Fuente indicó que “no solamente se amplían las situaciones, dado que siniestros viales y catástrofes no figuraban dentro del marco institucional del CAVD, sino que también se modifica lo que es la asistencia al entorno de la víctima”.
El proyecto, que obtuvo despacho por unanimidad y fue girado a las comisiones de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y Hacienda (B), fue presentado por el gobernador Omar Gutiérrez en marzo de este año.
“Una vez que esta comisión lo apruebe pasará a recinto y recién ahí se va a discutir la ley. En caso de ser sancionada, la misma ley establece que el Ejecutivo provincial tiene 90 días para reglamentarla”, explicó De la Fuente.
El CAVD es un organismo dependiente del ministerio de Gobierno y Seguridad, que realiza tareas de asistencia a las víctimas de delitos y a sus familiares, ofreciendo respuesta en crisis victimológica, asistencia psicológica, asesoramiento legal gratuito, y atención con o sin denuncia policial.
Interviene respetando la autonomía de la voluntad de la víctima evitando la revictimización de la misma, y está conformado por un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, trabajadores sociales y abogados, entre otros profesionales.