agosto 21, 2009
En Neuquén, una de las tres ciudades del país donde se probará esa estrategia, está culminando la primera fase. El trabajo se enfocó en los barrios San Lorenzo Norte e Hibepa. Se definió que el problema prioritario es la “violencia interpersonal entre jóvenes potencialmente lesiva”.
Según un informe de la subsecretaría de Seguridad, en la ciudad de Neuquén está finalizando la primera fase del proyecto “Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local”, una estrategia de seguridad basada en la colaboración entre órganos de gobierno y asociaciones civiles para combatir las causas del delito en lugar de sus consecuencias. El equipo que trabaja en esa propuesta pudo ya determinar que el problema prioritario de seguridad en la capital provincial es la “violencia interpersonal entre jóvenes potencialmente lesiva” y decidió enfocar su campo de acción a los barrios San Lorenzo Norte e Hibepa.
En el informe sobre los avances del proyecto en Neuquén, elaborado por el equipo técnico de la subsecretaría de Seguridad, se indica que está en preparación un diagnóstico descriptivo de la realidad local. Con esa herramienta, concluirá la primera fase de un total de cinco que integran el proyecto.
Hasta el momento, según señalan en el informe, “se identificó el problema que se aborda en el presente proyecto y el mismo se definió como violencia interpersonal entre jóvenes potencialmente lesiva”.
Añaden que también se seleccionó la cobertura espacial del proyecto, circunscribiéndolo a los barrios San Lorenzo Norte e Hibepa. Explican que “la selección es producto de la conjunción de la geo-referenciación de delitos denunciados en la ciudad del Neuquén, más la presencia de los Estados provincial y municipal a través de distintos organismos, tales como centros de salud, escuelas y centros de emergencia comunitaria”.
A partir de esa determinación, los representantes de las organizaciones que participan del proyecto confeccionaron una “matriz sociocultural” de ambos barrios, con datos geográficos e históricos y detalles de las instituciones existentes en el sector. En el informe se señala que actualmente hay profesionales del municipio y la subsecretaría de Seguridad en los dos barrios “realizando entrevistas en profundidad a residentes (jóvenes y adultos) y personal de establecimientos educativos, de salud y de desarrollo social, entre otros”. Estos datos, se explica, serán incluidos en el diagnóstico descriptivo que aún no está acabado.
Durante la primera fase, también se realizaron reuniones intersectoriales que contaron con la participación de actores conocidos del ámbito judicial, como el ex fiscal de cámara Ricardo Mendaña y la fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra Gonzalez Taboada. También asistieron miembros de la policía comunitaria de la comisaría Nº 18 y referentes vecinales de los barrios San Lorenzo Sur, Hibepa, Almafuerte y Gran Neuquén Norte. En esos encuentros, se informa, “se presentó el proyecto y los actores gubernamentales expusieron las tareas que se desarrollan en los servicios donde trabajan”.
En el ámbito provincial, la coordinación del proyecto está a cargo de Horacio Jankowski y, a nivel municipal, depende de Julieta Bacchi. El coordinador nacional es Ramiro Sagarduy y el director, Héctor Masquelet.
Esta estrategia de seguridad se está implementando sólo en tres ciudades del país: Neuquén, Santa Fe y Resistencia. En los tres casos, la población no supera los 500 mil habitantes y existen condiciones para la articulación entre organizaciones estatales y sociales. Una vez que culmine la experiencia en esos centros urbanos, se estudiará la posibilidad de extender la propuesta a otras jurisdicciones.
Prevenir antes que castigar
En el informe de la subsecretaría de Seguridad hay un apartado referido a la estrategia del proyecto. En esa sección se explica que el objetivo de esta propuesta es “tomar distancia respecto de las nociones de detección, aprehensión y castigo” en favor de “la prevención de los delitos entendida en sentido amplio y la reducción de las condiciones que los hacen posibles”.
“No se trata de descartar a los cuerpos policiales y demás agencias del sistema penal como actores relevantes en el tratamiento de los problemas de seguridad, ni de restarle valor a las contribuciones que pueden realizar; por el contrario, el proyecto se propone redirigir y focalizar los esfuerzos de estas agencias”, se aclara.
Otra de las consideraciones que se exponen en el informe es que existen áreas territoriales en cada ciudad que integran una “estructura de producción social de potenciales infractores”. Sin embargo, se advierte que con esa condición no es suficiente para la existencia de delitos, sino que es necesaria su combinación con una “estructura de oportunidades delictivas”, vinculada a los factores económicos y las “subculturas delictivas”, que legitiman una potencial victimización.
Las fases del proyecto
En Neuquén, se decidió añadir al proyecto original una fase previa, dirigida a preparar las condiciones para poner en marcha esta estrategia de seguridad. Como parte de esa etapa preparatoria, el 14 de noviembre de 2008 se hizo el acto de lanzamiento y se conformó una mesa de trabajo entre autoridades de la subsecretaría de Seguridad, el Consejo Provincial de Seguridad, la dirección municipal de Servicios Concesionados y la consultora local del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). La mesa continúa reuniéndose semanalmente en la sede de la subsecretaría de Seguridad, ubicada en la esquina de La Rioja y Antártida Argentina de la ciudad de Neuquén.
Durante esa etapa inicial también se distribuyeron copias del proyecto a autoridades religiosas (como el obispo Marcelo Melani y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), funcionarios provinciales y municipales (de la Defensoría del Pueblo de Neuquén, el Consejo Provincial de las Mujeres, el Superior Tribunal de Justicia y áreas vinculadas a los Derechos Humanos, entre otros), representantes de medios de prensa y autoridades de la Universidad Nacional del Comahue y el Colegio de Abogados local.
Luego siguió la primera fase del proyecto, que consiste en un relevamiento de información y la elaboración de un diagnóstico en profundidad sobre el problema prioritario de seguridad de la ciudad. Para eso, se analizó la documentación referida al tema (otros proyectos de seguridad existentes, estadísticas policiales y demás). También se hicieron entrevistas con funcionarios policiales y con representantes de organizaciones no gubernamentales (comisiones vecinales, foros ciudadanos, universidades, etcétera).
En la segunda fase se diseñará, con el consenso de todas las partes involucradas, un programa piloto de intervención multiagencial para la ciudad. Las siguientes fases corresponden a la implementación del programa diseñado, a la evaluación de los resultados obtenidos y a la interpretación de la experiencia para extenderla a otras jurisdicciones del país.