Como resultado de un trabajo articulado a partir de un espacio intersectorial e interdisciplinario impulsado por el ministerio de Gobierno y Educación, a través del Centro de Atención a la Víctima y el Consejo Provincial de Educación (CPE), junto con el ministerio Público Fiscal, el ministerio de la Defensa, los gremios ATEN, ATE, UPCN y SADOP entre otros organismos, en sesión de Cuerpo Colegiado del CPE se aprobó ayer por unanimidad el documento Procedimiento “Alerta R-144”, para el abordaje integral ante posibles abusos en el ámbito escolar.
El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, destacó que “una premisa de gestión era lograr la integrabilidad del sistema educativo, que por sí sólo no puede atender las situaciones sociales que llegan a la escuela. Es así que el procedimiento Alerta R-144 viene a marcar una hoja de ruta específica sobre cómo proceder desde el minuto uno ante un relato por presunto caso de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes en el ámbito escolar. El resultado del trabajo colaborativo e interinstitucional queda evidenciado en el procedimiento que ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo Provincial de Educación, por los vocales del ejecutivo, gremiales y de la Comunidad”.
En tanto, la presidenta del CPE, Ruth Flutsch, resaltó que “este es el resultado de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario que permitió elaborar una herramienta colectiva de intervención rápida ante situaciones de presuntas denuncias de ASI que involucra al personal docente o no docente”. Añadió que “Alerta R-144 es un instrumento de aplicación en todas las instituciones educativas ya sean de gestión estatal como privadas”.
Además, la funcionaria sostuvo que “mediante esta propuesta de procedimiento para el abordaje de todas aquellas situaciones de vulneración de las infancias, este protocolo se presenta una herramienta que permite a las instituciones educativas conocer cómo actuar y cómo acompañar no sólo a las familias, a los equipos directivos, docentes y auxiliares, sino también, permite a personas denunciadas saber cómo proceder en el marco del derecho de defensa y la presunción de inocencia, y en un marco de respeto por las instituciones y normativas vigentes”.