La subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Ciudadanía, firmó un convenio de cooperación con la ciudad autónoma de Buenos Aires para que los organismos registrales alimentarios coordinen acciones e intercambio de información para evitar que los deudores morosos alimentarios puedan eludir sus responsabilidades trasladándose de una jurisdicción a otra.
El convenio firmado entre la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Alicia Comelli y el subsecretario de Justicia de Buenos Aires, Jorge Enriquez tendrá una duración de dos años, comprende el suministro de información respecto de las inscripciones de deudores morosos, mantener actualizadas las bases de datos a comunicar al otro registro el alta o baja de un deudor, implementar un suministro recíproco de la información registral; y celebrar convenios con nuevas jurisdicciones.
Comelli explicó que este convenio “nos permite avanzar en que los deudores morosos no evadan sus obligaciones cuando cambian su domicilio de una provincia a otra y está en consonancia con el acuerdo federal de armonización de legislación sobre los registros de deudores alimentarios suscrito en el Consejo Regional Patagónico de Derechos Humanos”.
“De este modo estamos avanzando en un cumplimiento real de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en que las personas que quedan a cargo de los hijos, en la mayoría mujeres, también no queden expuestas a situaciones materiales complejas, porque hay un incumplimiento de la responsabilidad de alimentar a sus hijos de la otra parte”, agregó.
La subsecretaría de Derechos Humanos tiene a su cargo el Registro Provincial de Deudores Alimentarios, tal como establece la Ley 2.333 y su modificatoria 2.885. En el registro se asienta a las personas que incumplen con la obligación alimentaria de sus hijos; y a las que la justicia inhibe para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Fue creado en 2001 y entre sus funciones se destacan la de llevar adelante el listado de morosos, expedir los certificados de Libre Deuda Alimentaria, informar trimestralmente a las dependencias del Estado provincial pertinentes y articular con el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia acciones tendientes a la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. En la actualidad hay inscriptas 300 personas: 296 hombres y 4 mujeres.
Los alimentos a los hijos comprenden la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los necesarios para adquirir una profesión u oficio. Si en una familia se quedan sin medios económicos o sin trabajo, se puede pedir alimentos a los padres, los hijos y los hermanos, pudiendo reclamarse a uno o a todos a la vez.