Avances para abordar la violencia de género en redes sociales

Desde la subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía, se reunieron con integrantes de la fundación Activismo Feminista Digital, la única Organización de la Sociedad Civil (OSC) del país que aborda esta problemática. El encuentro tuvo como objetivo comenzar a articular acciones que visibilicen la violencia de género que se pone de manifiesto en las redes sociales a través de jornadas de capacitación y campañas de difusión de la problemática.

La reunión contó con la participación de integrantes de la subsecretaría de las Mujeres, de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores y representantes de la Unidad de Aplicación de las leyes 2785 y 2786. Por la fundación, estuvieron presentes su presidenta, Marina Benítez Demtschenko y la secretaria, María Eugenia Orbe.

Los temas que se abordaron estuvieron vinculados con el acoso virtual, que Benítez Demtschenko definió como “el acecho y la persecución constante”. Y señaló que según los casos que atienden en la fundación, el 95 % de las víctimas son mujeres y el 95% de los agresores son varones.

También explicó que la situación histórica de desigualdad, que ubica a las mujeres en un lugar de mayor vulnerabilidad, es aprovechada por los victimarios para dejar expuesta su intimidad, por ejemplo a través de la difusión no consentida de imágenes.

La titular de Activismo Feminista Digital, Marina Benítez Demtschenko,  señaló que “la sociedad lejos de condenar esta actitud, actúa castigando a la mujer, siguiendo la línea de culpabilizar a la víctima”.

Desde la OSC también explicaron que las peores consecuencias del acoso virtual son la capacidad de viralización, la permanencia en el tiempo y el anonimato, porque en general no saben desde dónde provienen los ataques.

La fundación Activismo Feminista Digital presentó este año un proyecto en el Congreso de la Nación para penalizar el acoso virtual, que está relacionado con la difusión no consentida de imágenes, y el hackeo de las redes sociales, a través del cual el agresor accede a los contactos de la víctima, los mensajes que escribe y que le llegan, atentando contra su derecho a la intimidad.