El proyecto de emergencia penitenciaria está para su tratamiento. La iniciativa busca dar solución a la crisis de superpoblación de las unidades.
Audio Matías Nicolini, ministro de Seguridad.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, expuso hoy en la Legislatura del Neuquén el plan que se ha diseñado desde el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Economía para ejecutar las distintas acciones tendientes a dar solución a la situación carcelaria.
El proyecto, firmado por el gobernador Rolando Figueroa fue elevado a la Legislatura para su tratamiento urgente. “Hubo una asistencia importante de Diputados, legisladores, y organizaciones que tienen que ver con la materia, como es el Comité contra la Tortura y distintas áreas relacionadas con lo que tiene que ver con la política penitenciaria, en ese marco explicamos el plan que se ha diseñado desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Infraestructura y del Ministerio de Economía a los fines de poder contrarrestar esta situación crítica que estamos atravesando en materia penitenciaria”, explicó Nicolini.
Agregó que “en la emergencia, están comprendidas obras de infraestructura, la adquisición de bienes de capital necesarios para las cárceles, tanto en lo relacionado a las unidades penitenciarias existentes como en la ampliación de los módulos que se van a realizar; También implica la reestructuración en el uso de los recursos materiales y en los recursos humanos para poder adecuar el cumplimiento de la condena de los internos, en los distintos grados de avance que tiene el cumplimiento de una pena, tendiente al fin último que es la pena, que es la resocialización”.
Adelantó que se va a coordinar con las áreas del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, demás áreas para poder trabajar en conjunto para que los internos puedan tener acceso a la educación, a capacitaciones laborales, a salud y a la salubridad dentro de los centros de detenciones.
Las obras de refacción y de reestructuración y de mejoras están previstas en todas las unidades carcelarias, ampliaciones en concreto en la Unidad 22 de Cutral Co, Unidad 32 de Zapala y en la Unidad 11 de del área metropolitana de capital.
En sus argumentos, Nicolini expuso que “en los últimos años la provincia del Neuquén exhibe estadísticas alarmantes en materia penitenciaria. La capacidad total real de plazas actualmente es de 443 habilitadas en las distintas unidades”.
En la actualidad, el número de internos excede ampliamente la capacidad de las instalaciones.
En total, hay 682 internos, de los cuales son 595 condenados y 87 procesados. Se distribuyen de los internos procesados 63 en área capital y 24 en el interior. El dato más crítico es que hoy hay 55 personas privadas de la libertad en condición de condenadas están alojadas en Comisarías.
Obras y planes proyectados durante la Emergencia
Las obras incluirían la construcción de módulos de alojamiento, talleres, escuelas y áreas de seguridad completas, así como un plan integral de ampliación penitenciaria. Además, se realizarán las labores complementarias de mantenimiento en las unidades mencionadas.
La propuesta prevé la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación (servicio Penitenciario Federal) para habilitar plazas en el complejo Penitenciario Senillosa para alojar internos bajo competencia der la Justicia de la provincia. Además, busca actualizar y normalizar los tratamientos del gabinete Criminológico de Población Judicializada con el fin de que los internos estén en tiempo y forma con su calificación para poder actualizar su acceso a los distintos institutos liberatorios determinados por la legislación penitenciaria.
Reacondicionamiento total de los sistemas contra incendio de las unidades de Detención N°11, 12, y 16 de Neuquén, Unidades de Detención N°21 y 22 de Cutral Có y Unidad de Detención N°32 de Zapala. Asimismo, se preverá la posible proyección de dicho sistema en las Unidades de Detención 41 de Junín de los Andes, 42 de San Martin de los Andes y 51 de Chos Malal.
Además, existe un Habeas Corpus, a partir del cual la Justicia neuquina ordenó el cese de ingresos de internos a las unidades carcelarias, y le dio plazo al Ejecutivo para tomar medidas que ayuden a aliviar la crisis de sobrepoblación carcelaria. Del mismo modo, se ha dispuesto la realización de todas las reformas necesarias para garantizar las condiciones de vida y salubridad adecuadas.