Mañana jueves 11 de agosto se cumplen 12 años de la sanción de la Ley 2717, que creó la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas. Se trata de una norma que busca promover un abordaje integral entre diferentes organismos y la sociedad civil para prevenir y proteger a las víctimas de este delito transnacional que afecta a miles de personas en todo el mundo.
En 2021 se avanzó un 80% en el proceso de regionalización de esta comisión y este año se presentó un proyecto de ley para hacer efectiva y obligatoria la incorporación de los gobiernos locales. Con base en ello, el próximo 24 de agosto se realizará una reunión extraordinaria y especial de Comisión contra la Trata de Personas, en la que participarán como invitados e invitados referentes e integrantes de las localidades del interior que forman parte del proceso de regionalización. Será a las 9, en la Sala de la Memoria de la Legislatura neuquina.
Para el gobierno de la provincia de Neuquén, la erradicación de la Trata de Personas es una política pública que se aborda desde un enfoque de Género y Derechos Humanos, de manera integral y en constante articulación con actores involucrados en la temática.
Al respecto la ministra de las Mujeres y de la Diversidad, Maria Eugenia Ferraresso, expresó: “trabajamos a diario para evidenciar la existencia de este flagelo, su erradicación requiere de una intervención y abordaje integral para que cada persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad tenga el acompañamiento y asesoramiento necesario que logre evitar que caiga en esta forma moderna de esclavitud”.
Y agregó: “necesitamos seguir avanzando en la creación de políticas públicas locales que respondan a la situación real de cada lugar. Se trata de unir fuerzas, articular de manera conjunta acciones para llegar a cada rincón con los dispositivos y herramientas de concientización y prevención para que todo Neuquén sepa que existe la línea 145, a la cual se puede acudir”.
Por su parte, la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, confió: “estamos muy contentos de poder encontrarnos en estos 12 años, con todos los avances que se van haciendo. La premisa es, como dijo el gobernador Omar Gutiérrez, que tenemos que darnos un Neuquén sin trata y a eso vamos dirigidos”.
Desde sus inicios la Comisión implementa de manera sostenida acciones destinadas a la prevención, investigación, asistencia y reinserción de las víctimas de trata, como así también ha profundizado las acciones territoriales y en espacios de concurrencia masiva para la visibilización, sensibilización y concientización con el objetivo de ponerle fin a este delito que requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad.
Más de una década de trabajo
A lo largo de estos años hubo avances importantes, como la firma del Convenio con el Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que otorgó formalidad al trabajo articulado que se realiza con el organismo nacional. En ese contexto se presentó el plan bienal que incluye 100 acciones contra la trata, además de la conformación de una mesa operativa de trabajo del alto valle de Río Negro y Neuquén, que nuclea a referentes de organismos de gobiernos locales, provinciales y nacionales y de sindicatos y gremios.
En 2021, con la firma del Convenio de Cooperación, se avanzó en el proceso de regionalización de la Comisión en toda la provincia, incorporando cerca del 80% de las localidades neuquinas.
En este mismo sentido, a comienzos de este año se presentó un proyecto de ley para hacer efectiva y obligatoria la regionalización. Esto implica el trabajo transversal con organismos estatales provinciales, municipales, y privados sobre acciones destinadas a garantizar la prevención, detección, asistencia, protección, investigación, judicialización y reparación en casos de Trata de Personas.
Este proyecto es superador a lo establecido en la Ley 2717, ya que se amplía la integración de la Comisión incluyendo de forma activa a representantes de todos los organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e incorpora la participación de representantes de los gobiernos locales.
En síntesis, se establecen funciones más amplias a la Comisión y, a su vez, obligaciones, para que las acciones pactadas tengan un seguimiento y control. La autoridad de aplicación será el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad.