A través del acuerdo suscripto hoy en Buenos Aires, Nación entregará a la provincia del Neuquén 50 dispositivos, comúnmente conocidos como tobilleras. Se utilizarán para el control de personas que se encuentren con prisión domiciliaria.

El ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron hoy un convenio marco de colaboración y cooperación para la aplicación del “Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica”.

El convenio fue rubricado por el ministro neuquino, Mariano Gaido y el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, en la sede de la dependencia nacional, ubicada en Sarmiento 329 de la ciudad de Buenos Aires. También participó del acto el coordinador general de Programas y Proyectos de la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, Patricio Henderson.

En el documento se establece que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pondrá a disposición de la provincia el servicio de monitoreo de 50 dispositivos electrónicos de control (tobilleras) para personas “en conflicto con la ley penal a disposición de la justicia provincial”. También se compromete a capacitar a los operadores de la provincia que llevarán a cabo la implementación del programa en la jurisdicción.

Por su parte, la provincia del Neuquén se compromete a recibir el requerimiento del Poder Judicial provincial, “tendiente a la aplicación del dispositivo electrónico de control y evaluar la procedencia de incluir el requerimiento judicial en el convenio marco”.

La provincia deberá remitir el informe al magistrado solicitante “con indicación de su opinión en orden a la conveniencia de la implementación del dispositivo de vigilancia electrónica” y además asignar los dispositivos y abrir un legajo personal por cada uno.

También deberá confeccionar un formulario de “alta” para remitir a la empresa prestataria del servicio de monitoreo electrónico, a fin de que ésta disponga de los datos necesarios para la supervisión. Además, la provincia cumplirá las gestiones de coordinación necesarias para que, en oportunidad de trasladar a la persona a su domicilio, se proceda a la instalación y activación del dispositivo. Ello si la persona se encontrase previamente detenida en un establecimiento penitenciario.

La provincia deberá “garantizar la intervención de un equipo psicosocial a efectos de mejorar las condiciones de vida de las personas incorporadas al programa, mitigando el impacto negativo propio de la situación de encierro y promoviendo una mayor integración con su núcleo familiar y la comunidad”.

Tanto la empresa prestataria como la provincia deberán atender las alertas que el dispositivo de control emite de manera automática cuando se interrumpe el normal funcionamiento del sistema. En ese caso, la provincia dará intervención a la autoridad judicial competente o, en su defecto, a las fuerzas de seguridad.

Por último, se establece que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación afrontará los costos que demande la provisión del servicio, y que las partes “convienen que las demás acciones que se propicien dentro del convenio serán adoptadas a través de la suscripción de protocolos adicionales o actas complementarias”.