agosto 15, 2012
El gobernador explicó que las bases jurídicas del dominio originario de los recursos naturales quedan intactas en la redacción del texto que reglamenta la ley de soberanía hidrocarburífera. Fue en su intervención en las II Jornadas Interadministrativas organizadas por la Asesoría General de la provincia.
El gobernador Jorge Sapag expresó hoy que el decreto 1277 -que reglamenta la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera- no vulnera derechos provinciales de dominio sobre sus recursos naturales establecidos por la Constitución Nacional en su artículo 124.
“La soberanía es de la Nación, y esto lo hemos aprendido en derecho público. La autonomía la ostenta la provincia, el municipio, pero nosotros no tenemos soberanía. Y la política energética la dictamina mediante su jurisdicción, su iuris dictio, la Nación”, explicó el gobernador, estableciendo los límites entre la facultad federal jurisdiccional y la dominial.
“La facultad de caducar (concesiones o contratos) que establece el decreto será para aquellos derechos que Nación tenga; Nación no puede caducar algo sobre lo que las provincias tienen derechos y eso es obvio, y es una interacción sistemática del orden político que rige las facultades delegadas”, agregó, y aseguró que por ello “cualquier decisión que pudiera tomar el gobierno nacional que corresponda a las provincias sería nulo de nulidad absoluta”.
Así se explayó el mandatario provincial en una pequeña intervención que tuvo en las II Jornadas Interadministrativas que se desarrollaron hoy en el Auditorio de Casa de Gobierno, de las que participaron los profesionales abogados que integran la asesoría general de la provincia.
Dominio y jurisdicción, una discusión planteada en 1994
Sapag explicó que el artículo 124 de la Constitución Nacional, que en su último párrafo dice “corresponde a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”, establece facultades irrenunciables, inalienables e imprescriptibles sobre los recursos naturales pero la jurisdicción quedó reservada a la Nación a pesar de que se discutió, sin prosperar, durante la reforma realizada en 1994.
Pero en cambio en la ley 26.197, llamada “ley corta” y sancionada en 2006, se otorgó a las provincias “la facultad de ser contraparte en las concesiones, que era facultad de la Nación. Por esta ley se logró que las provincias fueran la contraparte en las concesiones, para renovarlas, caducarlas, manejar los temas ambientales; contraparte para controlar las inversiones, pero esa norma no estableció la jurisdicción. Estamos hablando de quién dicta el derecho, y la ley de soberanía hidrocarburífera la dictó el congreso de la Nación”, dijo.
“Todas las normas son perfectibles y ese decreto también lo es, se lo hice saber a (el secretario general de la presidencia, Carlos) Zanini, pero un decreto no puede violentar una ley y mucho menos la Constitución Nacional, y éste no lo hace”, alertó. “Sin embargo algunos salieron a decir que este decreto suprimía las regalías, suprimía el dominio de las provincias, suprimía la facultad de las provincias como contraparte en las áreas hidrocarburíferas: una serie de disparates jurídicos mayúsculos en los cuales hay escondida una intención política”, aseguró.
Soberanía energética y objetivos comunes
El gobernador señaló que el objetivo que se busca con esta ley es delinear una política energética común para evitar que se deba continuar con la importación de energía y lograr el autoabastecimiento en el territorio nacional.
“Sin energía empezamos a perder soberanía, por eso Nación y provincias tenemos que trabajar juntos. Nos somos ni una isla ni somos mucho menos un estado independiente, ni emirato, integramos una república y somos las provincias las que la formamos”.
En ese sentido, consideró como una medida bien encaminada hacia ese objetivo la de corregir el precio del gas natural comprimido (GNC) y llevarlo de 0,80 dólares a 3,20 dólares el millón de BTU (British Termal Unit). “Ojalá sigamos con otros pasos que mejoren el precio en boca de pozo, lo que va a mejorar las regalías y posibilitará que la provincia pueda funcionar adecuadamente en Salud, Educación, Seguridad, Justicia, a través de nuestro presupuesto que es la ley de leyes de una provincia y de un Estado”, finalizó.
Las jornadas
La capacitación en derecho administrativo estuvo a cargo del especialista en el tema Pablo Porrino, y versaron sobre el Acto administrativo, requisitos, caracteres y efectos, vicios y nulidades. Además, se analizaron la Ley de procedimiento administrativo nacional Nº 19549 y la provincial, Nº 1284.
Fueron organizadas por la Asesoría General de Gobierno de la provincia y la apertura estuvo a cargo de su titular, María Soledad Gennari.