febrero 14, 2012
El gobierno nacional no ha instrumentado aún el envío de fondos para paliar la emergencia por sequía, ceniza y frutícola. En total son 16 millones de pesos que Nación le debe al gobierno provincial, lo que afecta a casi 3 mil productores del territorio neuquino.
Autoridades del ministerio de Desarrollo Territorial manifestaron ayer al mediodía su preocupación por la falta de desembolsos del gobierno nacional. En total son 16 millones de pesos que serían destinados a unos 3 mil productores rurales, frutícolas, vitivinícolas y ganaderos que fueron afectados por diferentes acontecimientos como la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, la sequía asentada en la zona Centro y la crisis que atraviesa el sector frutícola.
Estos aportes se desprenden de cuatro convenios acordados con el gobierno nacional. El primero fue firmado entre el gobernador Jorge Sapag y la Unidad para el Cambio Rural – Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (UCAR- Prosap) por 4 millones de pesos, con el objetivo de paliar la emergencia rural que afecta a unos 2.500 productores. Hasta la fecha se desembolsaron 2 millones de pesos.
El segundo acuerdo fue rubricado por el entonces ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez y el gobernador Sapag en septiembre del año pasado, por un monto de 5 millones de pesos. El convenio también estaba destinado a la emergencia rural y la sequía. El expediente 438656/2011 se encuentra en trámite y no se realizó el pago.
El tercero se enmarca en el Plan Integral Frutícola por 6 millones de pesos, que corresponden al 20 por ciento de los 30 millones aportados a la vecina provincia de Río Negro. Hasta el momento no hay novedades al respecto y la medida alcanza a unos 300 productores frutícolas.
El último se realizó en el marco del Convenio para el Desarrollo Vitivinícola por 3 millones de pesos, que beneficiarían a 150 productores. Aún no se recibió ningún aporte.
Organización institucional ante la emergencia
Cabe recordar que para paliar la emergencia por cenizas y sequía, se conformó el Comité Interinstitucional de Crisis (CIC) integrado por organismos provinciales y nacionales: gobierno provincial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Senasa, Administración de Parques Nacionales, ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Social de la Nación, Ley Caprina y Ley Ovina.
En este ámbito se definió en su momento la distribución de fondos entre los Comité de Emergencia Rural (CLER) de manera coparticipable, en función de distintos criterios técnicos (cantidad de productores, familias, ganado, grado de afectación por ceniza y sequía, entre otros). A través de los CLER, son las propias organizaciones las que fijan las prioridades para la posterior distribución de los recursos a los productores.
De los CLER participan 2.690 productores de la zona Centro, Lácar, Los Lagos, Picún Leufú, Huiliches y Añelo-Pehuenches.