Se informó que se ha realizado una revisión integral de la ley, y ello incluye la metodología de análisis de los bosques nativos. Se explicó que hace 18 meses que se retomó el proceso de actualización, que había sido iniciado en 2016.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi; la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag y el director general de Recursos Forestales, Fernando Román, se presentaron esta mañana como representantes del órgano de aplicación de la ley 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), ante la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura provincial.

En este contexto se explicó que hace 18 meses que se retomó el proceso de actualización, que había sido iniciado en 2016. Se aclaró además que la ley tiene un continuo tratamiento a través de los planes en ejecución, mediante los cuales se interactúa permanentemente con las comunidades originarias.

Respecto de este proceso, se informó que se ha realizado una revisión integral de la ley, y ello incluye la metodología de análisis de los bosques nativos, según los requerimientos de la autoridad nacional de aplicación que es la secretaría de Ambiente de Nación.

Según se ha expresado en los talleres participativos realizados en este proceso de actualización, la ley provincial 2780 ha tenido omisiones y errores, de interpretación, alcance o ajuste. En oportunidad de aprobarse la ley 2780 y a requerimiento de Nación, se realizó un primer abordaje de ciertas modificaciones a través del correspondiente decreto reglamentario, pero no resultó suficiente para resolver todos los puntos de conflicto, porque no tenía incluidos todos los parámetros que se requerían, según la ley nacional.

“En la presente actualización se realizó un ajuste en la definición de bosques para poder incorporar componentes del ecosistema que no estaban bajo la ley y que era necesario proteger. Además se trabajó en consonancia a lo que establece el Cofema, en su resolución 350/2017, que estableció la metodología de actualización para todas las provincias”, señaló López Raggi.

“Este OTBN tiene casi 50.000 hectáreas más que el anterior de bosque y un poco más del 24 por ciento más de bosque en categoría rojo. No disminuye el amarillo, lo que se subió fue la categoría de conservación, porque mucho de lo que estaba en amarillo que estaba dentro de la subcategoría naranja, se sacó del amarillo y se puso en el rojo para cumplimentar la ley”, señaló.

La subsecretaria Amalia Sapag, en cuanto a la convocatoria para trabajar en los distintos talleres que pide la ley, aclaró que “hay una guía metodológica que establece Cofema de cómo hacerlas. Fueron hechas de manera masiva, por lo tanto eran abiertas mediante redes sociales y diferentes medios de comunicación, inclusive difundidas por las mismas organizaciones ambientalistas que se encuentran presentes, por diarios locales y regionales. No obstante eso, más allá que no lo específica esta normativa, hay una guía que indica a qué actores clave se debe convocar e hicimos invitaciones particulares donde se convocó por notas, mails y demás”.

La subsecretaria indicó que “es lamentable que para una ley de tanto interés alguien no se haya dado por aludido” y argumentó que “además hubo pedidos puntuales y muy constructivos de comunidades que solicitaron reuniones que se concretaron”.

“Toda la información que hay es suficiente si la miramos de manera objetiva”, agregó.

Incorporaciones

El director general de Recursos Forestales, Fernando Román, recalcó que “en la actualización incorporamos todo lo que objetó Nación de la ley, por una cuestión de haber hecho el análisis correspondiente y entender que lo que Nación objetaba estaba correctamente planteado”.

En ese sentido, se incorporó al análisis lo que la ley nacional establece como 10 criterios de sustentabilidad ambiental en contraposición con la 2780 en donde, a pesar de establecer 17 criterios para la evaluación, finalmente se habían analizado los bosques nativos en base a tres: cota, pendiente y matriz circundante.

“En el mapa que ha resultado se encuentran valorados y ponderados los criterios de sustentabilidad dentro de esta metodología”, dijo y reconoció que “esta ley tiene más características de valoración ambiental y en ese sentido es sumamente superadora”.

Se explicó que el trabajo incluyó un análisis multicriterio, sumando más bosques de lo que en un principio estaba mapeado. Cabe aclarar que los ajustes se pueden hacer por inconsistencias o diferencias y las recategorizaciones consisten en modificaciones de las categorías.  No ha sucedido que, como se ha publicado en los últimos días, se ha sumado rojo para en otros lugares desmontar.

Román especificó que “se hizo un análisis a conciencia, se establecieron nuevos mapas de bosques con nuevos mapeos y además con determinaciones a campo después de varias tareas, entre ellas, los talleres participativos en los que la gente también ha determinado lugares en los que hay bosques, bosquetes o relictos que también tienen que ser protegidos y que hemos incorporado a la ley”. Ejemplificó que un caso es el de “la araucaria en Primeros Pinos, que ahora está incorporada en zona roja. Antes había más de 1.000 hectáreas que no estaban incorporadas ahí”.

La Ley 2780 establecía cinco colores (rojo, amarillo: naranja-amarillo urbano, y verde), pero desde la autoridad de aplicación nacional fueron objetados aquellos que no se conducen con la ley 26.331.

Algunos casos de estudio

Para la actualización se siguieron las guías metodológicas que exige la autoridad de aplicación nacional de la ley (resolución 385/2015), que fueron establecidas para unificar los tratamientos en todas las provincias.

“Para valorar los bosques nativos en toda la provincia se utilizó un análisis de tipo multicriterio, que fue ajustado para los ejidos urbanos, a raíz de los conflictos que se han generado desde la sanción de la ley. En la actualidad se está cerrando la actualización del ordenamiento de los bosques nativos, previendo la participación de los municipios de acuerdo con el propio ordenamiento con la necesidad de consideración de los presupuestos mínimos, de manera de que si se presentara una nueva urbanización, se va a tener que tratar primero en el municipio y después se verá si puede ser incorporado”, puntualizó.

Román señaló que “la sociedad local de San Martín de los Andes está en pleno conocimiento de los antecedentes del Cerro Chapelco previos a la ley, especialmente todo lo relacionado a la concesión del centro de esquí, situación que fue abordada bajo el amparo legal de la Resolución Cofema Nº 372/18, compatibilizando así los preceptos de la ley 26331 con los antecedentes imperantes, determinando una recategorización de la zona en conflicto, siempre en el marco de las competencias del ministerio de Producción e Industria”.

“Y puntualmente con Villa La Angostura, luego del dictado de la 2780, se llevó adelante localmente un trabajo participativo durante 12 meses que consistió, entre otras actividades, en la realización de talleres con el Concejo Deliberante, el Consejo Consultivo local, los Consejos profesionales, las comunidades, y los vecinos en general, para establecer de manera consensuada, el mapa que quería esa comunidad”, añadió.

“Ello se plasmó en una resolución (410/2014) con ajustes a nivel del ejido, que es una norma legal que es muy rica porque muestra lo que realmente se trabajó en la comunidad local. Posteriormente la resolución fue presentada a la Legislatura Provincial, a pedido del municipio, para ser incorporada en la ley. Fue un trabajo participativo y local que estuvo consensuado por la comunidad”, expresó.

Por último se aclaró que la autoridad de aplicación de la ley de bosques aplica la normativa de competencia, y que no está dentro de ellas autorizar loteos. Estos emprendimientos, generalmente dentro de los ejidos municipales, deben ser evaluados para ser aprobados o no por las autoridades municipales competentes.