enero 5, 2010
Dependerá de la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, y tendrá la función de obtener, clasificar y archivar información sobre derechos humanos y responsabilidad del Estado.
Mediante un decreto firmado por el gobernador Jorge Sapag, fue creada en el ámbito de la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia la Biblioteca y Centro de Documentación sobre Derechos Humanos.
El escrito establece que sus actividades fundamentales serán “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y el Estado Provincial, y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”.
El material testimonial que contenga tendrá carácter de intangible, por lo que deberá conservarse sin cambios que alteren su naturaleza. Tendrá el objetivo de “contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestro país y sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras”; además de fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha por los derechos humanos y sus implicancias en los planos normativos, éticos, políticos e institucionales y contribuir a la coordinación regional de los archivos.
Integración con el Archivo Nacional de la Memoria
En el decreto, que lleva el número 2374, se indica que la Biblioteca estará a cargo de un funcionario responsable designado por el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, y que quedará bajo la órbita de la subsecretaría.
Entre otros aspectos, el responsable deberá elaborar el plan de gestión de acuerdo a las directrices para la salvaguarda del patrimonio documental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Además deberá integrarse a la red federal de datos, celebrar convenios con municipalidades de la provincia, universidades y entidades públicas o privadas y coordinar acciones con el Archivo Nacional de la Memoria.
Los recursos para su funcionamiento provendrán del presupuesto general de la provincia, de subvenciones o legados que reciba de personas físicas o jurídicas públicas o privadas o de aportes afectados a ejecución de proyectos o programas especiales afines.