La Agencia Nacional de Materiales Controlados será la encargada de destruirlas, buscando un objetivo de 75 mil en el país para el presente año. El gobernador aseguró que “al entregar esas 4.200 armas ganamos en paz, armonía y fortalecimiento del desarrollo ciudadano”.

El gobernador Omar Gutiérrez anunció hoy que el fin de semana la provincia entregará para su destrucción total 4.200 armas de distinto tipo a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Durante el acto, el mandatario provincial aseguró que “ganamos en desarrollo ciudadano, porque al entregar esas 4.200 armas ganamos en paz, armonía y fortalecimiento del desarrollo ciudadano”.

“Lo estamos haciendo juntos, cada uno desde el marco de su competencia, con su responsabilidad y sus funciones; teniendo en cuenta que la principal herramienta que tenemos para construir progreso y desarrollo en paz y en armonía es el diálogo”, manifestó Gutiérrez.

La directora ejecutiva del Anmac, Natalia Gambaro señaló que “haber coordinado en tan poquito tiempo esfuerzos entre Poder Judicial, el Ministerio Público, la gobernación, los ministerios y las fuerzas de seguridad nos pone en la mejor posición”. Explicó que “el viernes nos estamos llevando 4.200 armas”, y recalcó que son “4.200 riesgos menos de que provoquen un accidente o sean sustraídas y terminen en la comisión de un delito”.

La funcionaria también destacó “lo avanzado que está el nuevo sistema judicial del Neuquén; realmente es un ejemplo. No solamente tienen un sistema acusatorio, tienen un Ministerio Público muy activo y juicios por jurado, que también es una gran noticia”.

Por último, señaló que “es una política nacional apuntar hacia la restricción y la reducción de armas de fuego. El año pasado destruimos 46 mil, de las cuales más de la mitad provenía de causas judiciales en las que se habían producidos muertes o accidentes. Vamos por más este año, por un objetivo de 75 mil”.

Anmac

La Anmac, creada por la Ley 27192 en octubre de 2015, es un ente descentralizado en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.

Tiene como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por la ley que la creó.

Entre sus principales funciones están registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas.

También administra el Banco Nacional de Materiales Controlados, la red de depósitos que formen parte del mismo y efectúa la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938 y 26.216.

Gambaro señaló que “haber coordinado en tan poquito tiempo esfuerzos entre Poder Judicial, el Ministerio Público, la gobernación, los ministerios y las fuerzas de seguridad nos pone en la mejor posición”.