noviembre 26, 2009
El acuerdo establece la creación de una unidad de coordinación en la provincia y propone la participación de familiares de víctimas de delitos y de referentes de organizaciones no gubernamentales en la ejecución de políticas públicas.
La provincia y el gobierno nacional suscribieron un acuerdo de cooperación institucional para implementar en el territorio neuquino el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. El convenio lo firmaron el ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Tobares, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Riva y el coordinador Legal y Técnico del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Leandro Jarsun.
El acto de firma se realizó esta mañana en la sala Bartolomé Laffitte de Casa de Gobierno y asistieron familiares de víctimas de delitos de Neuquén y Río Negro.
Tobares aseguró que con la firma del convenio “la provincia del Neuquén hace un salto importante, desde el punto de vista cualitativo e institucional, al adherir a este programa nacional tendiente a trabajar contra la impunidad”. Dijo que el objetivo es “darles a las víctimas de los delitos un marco de protección adecuado” y destacó que “consideramos la enorme dificultad que deben tener, tanto la víctima como los familiares, para poder llegar a superar trances tan difíciles cuando se afectan derechos tan fundamentales como la vida o la integridad física”.
El acuerdo crea una unidad de coordinación en la provincia, que funcionará bajo la órbita de la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo de la firma, según consta en el convenio, es entablar una acción coordinada que permita el intercambio, la promoción, la difusión y consolidación de actividades conjuntas tendientes al desarrollo de políticas públicas en el área de protección de los derechos de las personas que han padecido la comisión de algún tipo de delito y acciones concretas para erradicar situaciones de impunidad fáctica o jurisdiccional.
El convenio establece que se dará relevancia y protagonismo activo a familiares de víctimas de delitos contra la vida o integridad de las personas y que además se buscará trabajar con referentes de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la problemática. Se busca promover y fomentar la participación ciudadana en la ejecución de las políticas públicas relacionadas con esta temática.
El ministro indicó que “entre todos podemos indagar y comprender un poco más sobre esta realidad que es compleja” para “encontrar alternativas que den una solución total o parcial a este grave problema que tenemos, que es uno de los efectos de la inseguridad”.
Tobares expresó que la implementación del acuerdo permitirá “intercambiar una serie de experiencias de programas que la provincia del Neuquén viene implementando desde hace un tiempo a la fecha y fundamentalmente también enriquecernos con el aporte que vamos a recibir de Nación”.
Por su parte, Jarsun señaló que “este convenio es la culminación de tareas en conjunto” con el gobierno provincial, familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales y asesores letrados, tanto de la provincia del Neuquén como de Río Negro, que días atrás firmó el mismo acuerdo de adhesión.
El funcionario nacional dijo que se trata de “aunar esfuerzos” para “continuar con este camino que ya hemos iniciado en la faz práctica, que es trabajar en conjunto para que cada vez sean menos los delitos cometidos que queden impunes. Todos sabemos que delito que no se comprueba, delito que no se condena, delito que queda impune, es un delito que se repite”.
Jarsun explicó que con la adhesión se conforma “una mesa de trabajo mancomunado que tenemos la obligación todos de agrandar cada día, sumando a otros poderes del Estado, para simplemente optimizar una garantía constitucional que todo familiar de víctima de un delito tiene, que es el acceso irrestricto a la justicia, al debido proceso legal y a saber cuál fue la verdad material de los delitos cometidos”.
El programa
El Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad es un organismo del Estado Nacional cuya misión específica es detectar la impunidad y ofrecer alternativas para combatirla. Depende de la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Se creó por la resolución 3214/08 de esa cartera nacional.
Entre sus objetivos se encuentra el atender, orientar y derivar adecuadamente los reclamos de justicia de la sociedad, generados en virtud de situaciones de impunidad y encausar los efectos que la vulneración de los derechos fundamentales genere.
A través del programa también se pretende, entre otros aspectos, dar orientación y asesoramiento jurídico genérico a víctimas directas e indirectas de hechos de impunidad; brindar contención, apoyo y asistencia psicológica a las víctimas directas e indirectas; confeccionar y elevar a las autoridades competentes informes sobre las afectaciones a las garantías constitucionales que provengan de posibles abusos de los distintos poderes nacionales, provinciales o municipales; y diseñar e impulsar políticas de lucha contra la impunidad que contribuyan al desarrollo de un sistema judicial ágil y eficiente.
Organismos de derechos humanos y agrupaciones de víctimas asesoran al programa, a través de un Consejo Interdisciplinario de Expertos y Familiares de Víctimas de Hechos de Impunidad.