julio 17, 2009
La comisión de evaluación de las presas Chihuido I y II aprobó la continuidad, en el proceso licitatorio, de las cuatro empresas que presentaron ofertas técnicas y financieras para el emplazamiento de la obra. Desde este lunes, las oferentes podrán acceder a los pliegos para presentar observaciones. Audio: nota al coordinador de la unidad de gestión Elias Sapag
La comisión de evaluación de las presas Chihuido I y II -integrada por funcionarios provinciales y nacionales- resolvió ayer mantener en el proceso licitatorio a las cuatro empresas que presentaron condiciones técnicas y operativas para la construcción del aprovechamiento multipropósito Chihuido I, sobre el río Neuquén.
El coordinador de la unidad de gestión que fiscaliza el proceso de licitación y construcción de la obra, Elías Sapag, indicó que “hoy mismo se les comunicó a las empresas su continuidad en el proceso” y ratificó que el 30 de julio se realizará la apertura de los sobres Nº 2, que incluyen las ofertas económicas y propuestas de financiamiento.
Sapag señaló que durante la evaluación se priorizaron condiciones “cualitativas”, es decir, el cumplimiento de “aspectos técnicos estructurales que no crean condiciones de incertidumbre para la futura construcción” -tales como el eje, la altura, las normas de manejo de agua o la potencia de generación de energía eléctrica- y el seguimiento de normas internacionales de calidad. “A partir de esto, se analizaron todos los aspectos ambientales, de relocalización y de obras auxiliares”, aclaró.
De esta manera, según la comisión de evaluación, las cuatro UTE (Unidad Transitoria de Empresas) facultadas para presentar las ofertas económicas son: Benito Roggio e hijos, Corsan Corviam, Esuco y Supercemento; Electroingeniería, Constructora OAS, CPC e Hidrocuyo; Industria Metalúrgica Pescarmona; y José Cartellone Construcciones y Constructora Norberto Odebrecht.
Evaluación de pliegos por parte de las empresas
Elías Sapag indicó que, desde el lunes próximo, las empresas tendrán una semana para acceder a los pliegos presentados por el resto de los oferentes “para realizar observaciones o impugnaciones que no ha hecho la unidad de gestión”. Añadió que “esto hace a la libre competencia, a tener la libertad de ver las ofertas de sus competidores y tomar su propia determinación”.
Explicó que, en caso de que alguna UTE presente un pedido de impugnación, “el proceso se detiene” y la empresa “tiene que depositar 5 millones de pesos en una cuenta de la secretaría de Recursos Naturales”. Agregó que luego, “si se da lugar al pedido de impugnación, se le devolverá el dinero y, en caso contrario, los recursos quedarán retenidos y a disposición y uso de la provincia”.
Si se certifica que las condiciones técnicas observadas deben ser reevaluadas, luego de aprobar las condiciones económicas propuestas en el sobre Nº2, las reconsideraciones pertinentes “deberán ser remediadas en el contrato de adjudicación”, señaló.
Elías Sapag especificó que el pago de este depósito se planteó “para que no se impugne por cualquier razón, sino que sea una razón estructural”, y para otorgar transparencia al proceso. Consideró, sin embargo, que “el análisis legal y técnico de cada unidad de evaluación es suficientemente intenso para que esto no ocurra”.
Formas de financiamiento
El coordinador de la unidad de gestión de Chihuido I y II manifestó que el tipo de financiamiento será uno los puntos a evaluar luego de la apertura de los sobres con las ofertas. Sostuvo que la obra tendrá “una inversión privada, no pública”, y que las empresas “serán calificadas según el aporte económico que hagan”. Luego se conceptuará la cantidad de energía que proponen aportar al sistema eléctrico nacional y por último “el valor total de la obra en sí”, dijo.
Recordó además que el ministro de Economía, Amado Boudou, y el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, se comprometieron a financiar parte de Chihuido I en caso de que la UTE adjudicataria no pueda afrontar la totalidad de costos de inversión para la obra, “a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) o de otro mecanismo que el gobierno nacional crea conveniente”.
“Una vez que abramos el sobre con la oferta de financiamiento propio de la empresa adjudicataria, se tendrá que ver con la Nación para completar los montos necesarios para la obra. Luego de ello haremos el contrato de adjudicación, que previamente deberá ser aprobado por la Legislatura provincial”, expresó.