A partir del anuncio del gobierno nacional de modificar el régimen penal juvenil, que implicaría la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con distintas escalas según el delito cometido; la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores del Ministerio de Ciudadanía plantea la necesidad de reforzar, promover, proteger y garantizar los derechos que asisten a la niñez, como a la adolescencia.
Mediante un comunicado, la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores informó que “en un sistema democrático como el que nos caracteriza, el sustento son los derechos humanos. La Provincia de Neuquén, con la Ley Nº 2302 ha sido pionera en la modificatoria de su legislación interna respecto a los Tratados y Acuerdos Internacionales, que son parte del texto Constitucional a partir de la reforma de 1994. El mandato de la Constitución Nacional establece que el sentido de cualquier medida no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad, lo cual se ve cuestionado con la baja en la edad de imputabilidad”.
Señaló que “desde la Subsecretaría se trabaja en la promoción de políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia, entendiendo que desde el Estado se debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, e impulsar políticas públicas para disminuir las desigualdades, combatir los abusos y contribuir a una distribución del ingreso más igualitaria”.
“La prevención, como un proceso activo y continuo, nos permite evitar o reducir la gravedad de una situación que resulte dañina, riesgosa o problemática, descartando cualquier respuesta que pueda atentar contra esos derechos adquiridos”.
En otra parte del escrito consideró que “con la baja de la edad de imputabilidad, atentaría en primera instancia contra los derechos humanos, fracasando así en lo que nos hace ciudadanos plenos, descartando así aquellos avances plasmados en los Tratados Internacionales a los que ha adherido”.
“Estamos convencidos que hay que hacer cumplir las normas vigentes, pero más aún, que debemos trabajar en la protección de nuestros derechos; garantizar la protección integral de todos y todas los niños, niñas y adolescentes y su derecho a una vida digna y en condiciones plenas para su desarrollo integral”, señaló.
“Reafirmamos así la plena vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos de los que son titulares cada niño y niña de nuestro país, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Nro 26.061) y la Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Nro 2302)”.
Finalmente, el comunicado destacó que “la delincuencia no es sinónimo de niñez y adolescencia. Los pibes no son peligrosos, están en peligro»