Para concretar dicho informe la provincia firmó ayer con el INAI un convenio específico. El informe tendrá características técnicas, jurídicas y catastrales de la situación dominial de las tierras que -en forma tradicional, actual y pública- ocupan las comunidades de los pueblos indígenas de Neuquén.

Ayer jueves por la tarde, autoridades provinciales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas firmaron un convenio para iniciar en Neuquén el programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza y el Fiscal de Estado, Raúl Gaitán con el presidente del INAI, dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Fernández.

Gastaminza explicó que el objetivo es “armonizar las facultades concurrentes en un verdadero federalismo de concertación, con aquellas facultades que tiene Nación, la provincia y en conjunto trabajar con las comunidades para poder poner luz sobre un tema tan complejo, importante y caro a los sentimientos de la provincia”.

Detalló que ayer se terminó “de concretar un acuerdo que habíamos empezado meses atrás con la firma de un convenio marco y más tarde, un segundo acuerdo en el que especificamos algunas cuestiones de este relevamiento estipulado por la ley nacional Nº 26160”.

El ministro reconoció “la buena predisposición de los equipos técnicos de Nación y provincia que realizaron el convenio” y aseguró que “con grandeza y con generosidad de ambas partes vamos a poder hacer realmente un trabajo muy importante”.

Para la elaboración del documento se realizó una consulta previa a los representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), también a las autoridades comunitarias y loncos de esa zona, conforme al convenio interjurisdiccional que se suscribió con anterioridad y al programa de relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas de la provincia del Neuquén.

El titular del INAI indicó que “resulta necesario que esta temática sea conocida por la opinión pública y por los actores, para que no sea desvirtuado. Se trata de un relevamiento de la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas de Neuquén”.

El relevamiento tiene como fin “verificar la posesión indígena y es parte de un proceso para llegar a la propiedad comunitaria”, dado que “en el proyecto de reforma del Código Civil que se encuentra en tratamiento en estos momentos en el Congreso Nacional se prevé un título especial dentro de los derechos reales de la propiedad comunitaria indígena y las comunidades”.

Por esto, consideró que el relevamiento “es parte de ese proceso complejo, importante, profundo en esta provincia que tiene esta composición histórica del pueblo mapuche y su convivencia”.

A partir de la firma de este acuerdo comienza la etapa de conformación de los equipos con la participación de técnicos provinciales, nacionales y propuestos por los representantes indígenas. También se inicia la preparación de la logística, los vehículos y la infraestructura necesaria para que se pueda realizar el trabajo de campo.

El convenio

El acuerdo establece, entre otros aspectos, un aporte no reintegrable de aproximadamente 7,5 millones de pesos, en cuatro cuotas, que el INAI entregará al ministerio de Coordinación de Gabinete para implementar el programa, previa campaña de difusión intensiva que informe acerca de los alcances del relevamiento previsto por Ley 26.160 y para evitar interpretaciones erróneas.

Se establece además que el plazo de vigencia y ejecución de este convenio específico no podrá ser mayor a 24 meses contados a partir de los 60 días de la efectiva transferencia del pago de la primera cuota del aporte otorgado.

Las comunidades indígenas, el INAI y el ministerio serán cotitulares de la propiedad intelectual de los resultados del convenio, quedando estos dos organismos autorizados para utilizar la información contenida y obtenida para la aplicación de la Ley 26.160 y la promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Indígenas.

La ley 26.160

Esta norma declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años” y suspende por ese plazo “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas por la ley”.

En este sentido, establece que durante los 3 primeros años, contados a partir de su vigencia, “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.

Posteriormente, en el año 2009 se prorrogaron los plazos establecidos en la Ley 26.160 en relación con la declaración de la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2013.