El subsecretario de Asuntos Públicos de la provincia explicó el funcionamiento del programa social, que se enmarca en la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el rol del ministerio de Desarrollo Social, a raíz de un caso que publicó un matutino regional.

El subsecretario de Asuntos Públicos de la provincia, Osvaldo Llancafilo, dio detalles del funcionamiento del programa social habitacional. Explicó que el ministerio de Salud y Desarrollo Social es el órgano de aplicación de la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y de la Ley 2785 de Violencia Familiar, entre otras; y que en el ámbito de la subsecretaría de Familia funciona este programa que tiene como objetivo asistir temporalmente al núcleo familiar con una suma fija que cubra los gastos de una vivienda.

El funcionario detalló que las intervenciones se realizan, en algunos casos, por orden judicial y que en cada situación el usuario percibe una prestación económica, que puede ser total o parcial, para el pago del alquiler de la unidad habitacional que haya elegido. “El ministerio de Salud y Desarrollo Social no interviene en la relación contractual entre el locador y el locatario. Lo que hace el Ministerio es dar cumplimiento a un expediente judicial. La elección de esta unidad habitacional corre por cuenta del usuario, no interviene el Ministerio.”, detalló Llancafilo.

Recordó también, que el seguimiento de los casos englobados en el programa de Fortalecimiento Familiar queda supeditado a la evaluación y planificación que el equipo técnico interviniente determine en la visita, además de quedar plasmada en el Formulario Único de Identificación Familiar (FUIF). En el caso específico de los alquileres una vez pasado los seis meses, la prorrogación del pago del mismo supone una nueva visita social y consecuentemente una actualización del FUIF.

“La intervención del profesional tiene que ver con un relevamiento de la situación”, indicó el subsecretario y explicó que en el caso que se dio a conocer por un medio gráfico en la jornada de hoy “se hizo un informe que fue notificado a la Defensora el 18 de enero del corriente año”. Agregó que el aporte del Ministerio, inicialmente, cubría la necesidad habitacional de dos personas, una mujer mayor y un niño de seis años otorgando en guarda por la Justicia a la mujer, su abuela. “Por decisión del adulto mayor, se le dio lugar a otras personas, lo que produjo hacinamiento y fue comprobado por un profesional. Por ello se elevó la suma que se estaba entregando mensualmente para que se buscara un nuevo espacio que sea funcional a la demanda del grupo familiar”, detalló.

Llancafilo sostuvo que más allá de este caso particular, “si es necesario revisar el dispositivo de seguimiento y hay que corregirlo, lo haremos”. “Hay una problemática social que va cambiando y el Gobierno está para ajustar todos los mecanismos de intervención. Hay que trabajar con las familias de manera conjunta. La situación de vulnerabilidad de estas familias, y más cuando se han judicializado, son resorte también del gobierno provincial y atenderemos la situación en particular, y todos aquellos casos que se presenten”, subrayó.

El subsecretario de Asuntos Públicos reiteró que si bien el ministerio de Salud y Desarrollo Social no intervino en el alquiler de la unidad habitacional, en el caso específico de la señora Adela Chandía y su nieto “el gobierno va a intervenir y garantizar un trabajo conjunto con el grupo familiar. No nos vamos a desentender de esta situación, sino abordarla”.