febrero 17, 2009
El ministro Pérez se reunió ayer con el secretario de Gobierno municipal, Mariano Mansilla, para abordar en conjunto temas vinculados con la seguridad. Se difundieron estadísticas elaboradas por la ONU.
Se conoció ayer una estadística que revela que la mayor proporción de víctimas y victimarios de robos violentos tienen de 25 a 28 años de edad. Son datos preliminares del diagnóstico del programa multiagencial apoyado por Naciones Unidas.
Se lo informó ayer por la tarde el ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Pérez, al secretario de Gobierno de la ciudad de Neuquén, Mariano Mansilla, en una reunión de trabajo vinculada con la seguridad ciudadana. Del encuentro participó también el subsecretario de Seguridad, Miguel Novoa.
El informe preliminar surge de estadísticas policiales, sentencias judiciales e información de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Se trabaja con un equipo de técnicos constituidos por los gobiernos provincial, nacional y municipal.
El proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se desarrolla de manera intensa desde noviembre del año pasado. Preliminarmente se determinó que se abordarán los robos que involucren violencia interpersonal intensa, por ejemplo, los robos con armas.
El proyecto avanzó en establecer características específicas del fenómeno en la ciudad como el perfil socioeconómico de las víctimas, áreas de la ciudad y tipos de espacio (comercios, vía pública y domicilios).
El ministro Pérez y Mariano Mansilla destacaron la creación de foros locales en la ciudad de Neuquén. En total son cuatro foros que agrupan los barrios Área Centro Sur, Barrio Nuevo, Río Grande, Mariano Moreno, Alta Barda, Terrazas del Neuquén, 14 de octubre, Rincón de Emilio, Villa Farrell, Santa Genoveva, Don Bosco II, Don Bosco III, Limay y Villa Florencia.
Este programa se lleva a cabo entre la secretaría de Seguridad Interior de la Nación, municipalidad de Neuquén y el gobierno de la provincia, con el apoyo de Naciones Unidas. El objetivo general del proyecto es promover la implementación de políticas integrales de seguridad con énfasis en la prevención que, sin desvalorizar los aportes que pueden realizar las instituciones policiales, incluyan y comprometan a otras dependencias del Estado y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problema.