marzo 6, 2009
El gobernador Jorge Sapag hizo llegar para su tratamiento el cálculo de recursos y gastos del Estado provincial para el presente año. 
Ingresó ayer a la Legislatura el presupuesto general de la provincia que envió el poder Ejecutivo, por un total de 6.204 millones de pesos, según informó la Legislatura provincial en un comunicado de Prensa.
Se indicó que de los 6.204 millones de pesos, 5.332 millones corresponden a erogaciones del poder Ejecutivo; la Legislatura tiene asignados 83 millones de pesos y el poder Judicial, 232 millones. En tanto, el Consejo de la Magistratura gastará casi 10 millones de pesos y la coparticipación para municipios asciende a 547 millones. El proyecto firmado por el gobernador Jorge Sapag ingresó en horas de la tarde por Mesa de Entradas.
Las erogaciones por finalidades son de 1.336 millones para administración gubernamental; 407 millones para servicios de seguridad; 3.150 para servicios sociales; 1.192 para servicios económicos y 118 millones para deuda pública.
La planta de personal es de 43.370 y las horas cátedras son 104.563. Del total de la planta, 40.996 corresponden al Ejecutivo; 564 al Legislativo; 1.771 al Poder Judicial y 39 al Consejo de la Magistratura.
El artículo 2° estima los recursos en 5.960 millones de pesos. El artículo 3° fija en 278 millones el importe para atender la amortización de la deuda y en 45 millones otras aplicaciones financieras, sumando 324 millones para el período.
A la vez, el Ejecutivo se reserva la facultad de modificar las partidas presupuestarias, con la obligación de comunicar a la Legislatura dichas reestructuraciones y previa condición de no aumentar las sumas.
En el título de Presupuestos Operativos, se consignan 110 millones de pesos para la Dirección General de Lotería y Quiniela; 1.254 millones para el ISSN y 72 millones para el Fondo Fiduciario de Administración “Responsabilidad Social Empresaria ley 2615″.
En el artículo 10 del proyecto se indica que los organismos sólo podrán excederse en los límites de créditos cuando puedan compensar con ahorros y señala que “todo acto administrativo o contrato firmado por una autoridad pública provincial” si implicara la obligación de pagar sumas de dinero no contempladas en la ley, será considerado inexistente según lo previsto en el artículo 71 de la ley 1284 de procedimiento administrativo de la provincia.
El proyecto tiene 33 artículos distribuidos en 4 capítulos, además de varios anexos.