Una resolución firmada por la ministra de Educación, Cristina Storioni, establece nuevos mecanismos a la hora del ingreso de proyectos, planes y programas que requieran ser implementados –por terceros- en dependencias de Educación.

Con el propósito de cooperar hacia una mayor justicia educativa en el territorio neuquino, la ministra de Educación, Cristina Storioni firmó -el pasado 4 de mayo- la Resolución 0073/16, mediante la cual se constituye un protocolo para garantizar nuevos mecanismos en los procesos de ingreso de propuestas por parte de organismos centralizados y descentralizados del Estado nacional, provincial o municipal, empresas y entes del sector público.

Por medio de este protocolo, aquellas acciones, planes, programas y proyectos que requieran ser implementados en dependencias del ministerio de Educación o en establecimientos educativos del Consejo Provincial de Educación (CPE), deberán ser puestos a consideración e ingresados a través de la mesa de entrada del ministerio de Educación.

La Unidad de Articulación de Políticas Públicas Educativas será la encargada de su correspondiente análisis y posterior articulación con el CPE, para su implementación conforme a la normativa vigente.

De acuerdo al artículo 15º de la ley provincial Orgánica de Educación Nº 2987, el ministerio de Educación tiene competencia para implementar planes, programas y proyectos educativos que garanticen, entre otros, el cumplimiento efectivo de lo establecido en la Constitución provincial, en la ley nacional de Educación Nº 26206, y en la ley orgánica de Educación de la provincia del Neuquén Nº 2945.

Acciones a implementar

En cuanto a las acciones provenientes de las dependencias del ministerio de Educación, la Unidad de Articulación de Políticas Públicas Educativas, identificará aquellos sectores del territorio en los cuales deberá reforzarse la intervención, en pos de la equidad educativa.

Asimismo, se efectuará un informe anual de gestión, compartido con la totalidad del Gobierno, a fin de optimizar los resultados a futuro; y se consolidará un Mapa de Intervención para disminuir las brechas de inequidad en el territorio provincial y cooperar hacia una justicia educativa.

Justicia educativa

Garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes,  jóvenes y adultos, posee un efecto multiplicador de sus beneficios, puesto que favorecer al desarrollo integral de los sujetos como personas y ciudadanos.

Garantizar esto exige de una planificación que brinde la posibilidad de articular e identificar  todos y cada uno de los programas y proyectos que gocen de diferente financiamiento –ya sea provincial, nacional o externo-, y que sean impulsados desde cualquier área del Gobierno de la provincia, en la medida que tengan impacto en las escuelas y en la calidad educativa.

En base a la estructura de políticas públicas de la cartera educativa, se dispusieron los pilares fundamentales del Plan Educativo Provincial, es decir, las ideas deben identificarse en cada acción que vincule a la educación provincial. De esta forma, se prioriza el enfoque de derechos para la toma de decisiones en los diferentes estamentos del área de educación; la inclusión y construcción de ciudadanía; memoria e identidad; y la democratización del conocimiento.