El gobierno neuquino avanza en la aplicación de estas leyes que contribuyen a la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia familiar y contra la mujer.

A través de la firma de dos convenios, celebrados en Las Ovejas y Chos Malal, distintas localidades adhirieron a la implementación del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, y de Deudores Alimentarios Morosos. La formalización de este acuerdo pone en marcha esta herramienta con la que cuentan juezas y jueces para el abordaje de las violencias de género y familiar.

En ese contexto, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, llevaron adelante estos convenios con el acompañamiento de intendentes y presidentes comunales: Vicente Godoy, de Las Ovejas; Ceferino Moya, de Huinganco; Manuel San Martín, de Andacollo; Ezequiel Vélez, de Los Miches;  Víctor Gutiérrez, de Chos Malal; Santiago Arias, de Taquimilán; Pedro Cuyul, de Buta Ranquil; Rubén Figueroa, de Barrancas; Gastón Fuentes, de Varvarco-Invernada Vieja; Fabián Semper, de Los Guañacos; Malvina Antiñir, de Manzano Amargo; y Carlos Burgos, de Villa Nahueve.

En el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género se registran personas con condenas firmes o que hayan incumplido con las diferentes medidas preventivas, restrictivas o cautelares, o con sus tratamientos terapéuticos ordenados en este contexto.

Una vez incorporadas, las personas se verán imposibilitadas de ser candidatos a cargos provinciales o municipales; ser designados funcionarios; tramitar habilitaciones, concesiones, licencias, carnés, permisos o cambios de titularidad; ser proveedores y contratistas del Estado o integrantes de órganos de dirección de empresas; ejercer la docencia; ingresar a las fuerzas de seguridad; ingresar al Estado provincial. Si las personas ya se encuentran en estos organismos, el ingreso en el registro se considerará una falta grave que podría originar la desvinculación de las tareas.

El Registro consiste en una plataforma web diseñada por la dirección general de Infotecnología del ministerio de Ciudadanía en colaboración  con el Tribunal Superior de Justicia y operada exclusivamente por jueces y juezas en causas de violencias. En este sitio se llevará el registro de las altas y bajas del mismo, se expedirán los certificados de no inscripción, se comunicará a los Poderes del Estado sobre las actualizaciones y se articulará con otras instituciones las acciones tendientes a sensibilizar y concientizar sobre la temática.

En tanto, el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos fue creado por la ley 2333 y su modificatoria 2885 en 2001. Allí, no solo se encuentran aquellas personas que deben la cuota alimentaria, sino quienes llegaron a una sentencia, fueron condenadas y no pagaron. Figurar en este listado impide realizar varios trámites y también genera complicaciones en la búsqueda laboral, entrega o renovación de licencia de conducir, elecciones políticas, entre otras.

Ambas leyes tienen como autoridad de aplicación a la subsecretaría de Derechos Humanos y los links de descarga del registro están disponibles en el sitio web del ministerio de Ciudadanía www. ciudadanianqn.gob.ar.

El ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, señaló que se ha trabajado “de manera mancomunada entre el estado y los tres poderes y nos hemos puesto a desarrollar herramientas en conjunto para abordar integralmente la violencia de género y familiar. Estos registros son parte de estas medidas y se constituyen como políticas que colaboran a evitar y sancionar las conductas violentas de los varones”.

Otras acciones de promoción de derechos humanos

Como parte de la visita a estas dos localidades, se realizó una nueva edición de la Red provincial de Derechos Humanos, una iniciativa que tiene como objetivo crear un espacio donde las diferentes localidades de la provincia encuentran un lugar para articular, de manera colaborativa y mancomunada, acciones y políticas públicas inclusivas para la defensa de los Derechos Humanos.

A través de un trabajo conjunto entre los representantes de cada localidad se compartieron experiencias y conocimientos para diseñar relevamientos y consultas que brinden información tanto hacia la ciudadanía como desde la ciudadanía.

También se impartió la charla «Conociendo mis derechos» seguida de orientación Legal y al Migrante se enmarca en el objetivo sobre la reducción de la desigualdad, potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, al acercar la información a la ciudadanía.

Esta propuesta también tiende a facilitar también la regularización migratoria y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, mediante la aplicación de políticas públicas específicas. Y también se enmarca en el objetivo que busca promover y garantizar la paz y justicia, acercando, a través de las charlas informativas y el asesoramiento legal la igualdad de acceso a la justicia para toda la ciudadanía.