febrero 6, 2012
En lo que va del año se detectó un incremento en la cantidad de personas inscriptas.
El registro provincial de Deudores Alimentarios, dependiente del ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, informó que en lo que va del año se detectó un incremento en la cantidad de personas inscriptas, de 155 a 159, entre ellas dos mujeres, según indicó la directora, Ruth Fernanda Vilo.
“En el resto de las dependencias, sedes del Ejecutivo y la municipalidad las actividades se manejan muy bien, sobre todo en el sector donde entregan licencias de conducir. Esto se debe a la implementación de un programa donde están incorporados los deudores morosos. Entonces cuando un deudor alimentario va a renovar la licencia, al ingresar su nombre los datos son bloqueados y no puede seguir con el trámite. Como consecuencia, la gente se acerca mucho a preguntar cómo se hace para salir del registro”, explicó Vilo. Agregó que “tanto los listados de altas y bajas se publican en el Boletín Oficial”.
Durante el año 2011 hubo un total de 26 altas y siete bajas. Si bien una gran cantidad de los integrantes del listado provienen del interior de la provincia, Neuquén capital encabeza la lista, le siguen Chos Malal, Junín de los Andes, Zapala y Villa la Angostura.
Entre las actividades que se realizan en el registro se cuenta la extensión de certificados de “libre de deuda” –unos 30 por día – que se piden en trámites administrativos de índole personal, como la solicitud de licencia comercial, cambio de domicilio, licencia de conducir, ingreso a la administración pública o policía, entre otros.
El registro está ubicado en Don Bosco 255, primer piso de Neuquén Capital, en la sede de la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Próximamente se concretará la adhesión de los municipios del interior de la provincia al Registro. Momentáneamente, se continúa trabajando en gestiones para firmar un convenio con la provincia de Río Negro.
El Registro fue creado en el año 2000 mediante la Ley 2333, con el objetivo de incorporar en el mismo a aquellas personas que adeuden, total o parcialmente, el pago de cuotas alimentarías fijadas judicialmente. Además, establece prohibiciones y restricciones –en particular en el ámbito público- para quienes aparecen en el listado.