La subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, participó hoy de un encuentro de trabajo junto a defensores del pueblo y referentes de organismos e instituciones para analizar, entre otros temas, el funcionamiento del actual sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX).
Del mismo participaron el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva; el referente de la Pastoral de Migraciones, Jorge Muñoz y el Obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, además de jueces de Paz, y defensores del Pueblo y subsecretarios de Derechos Humanos de las provincias Río Negro y Chubut.
En este contexto, se indicó que los mecanismos utilizados por la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación, presenta algunas dificultades que generan complicaciones en el circuito de regulación migratoria.
Uno de los casos citados se relaciona con el tipo de trámite que se realiza actualmente, el que se debe desarrollar en forma electrónica, y que motiva que un gran porcentaje de personas quede excluido del sistema, ya sea por su condición económica o por su imposibilidad de acceder a los medios informáticos.
Por esta razón, solicitaron arbitrar los medios necesarios para incrementar los niveles de equidad entre migrantes y así, poder implementar un mejor canal predominante.
Comelli aseguró que “desde el acuerdo de Pluralismo Cultural, continuaremos trabajando en todas las acciones que permitan los niveles de equidad para las personas migrantes”.
Como resultado del encuentro, los diferentes defensores del pueblo se comprometieron a llevar la preocupación a los ámbitos nacionales, y así poder concretar las soluciones para agilizar el sistema.
Además, desde la subsecretaría de Derechos Humanos se presentó el proyecto de creación de la Oficina de Orientación al Migrante, que pretende, además, ser una oficina móvil.
Asimismo, se expuso sobre la implementación de capacitaciones de utilización de sistema Radex para todos los jueces de Paz y el gremio docente ATEN, y el traslado de las mismas a ciudades como San Martín de los Andes, Añelo y Rincón de los Sauces, entre otras. Finalmente, se retomó el programa para implementar el Estado Llamante, para el caso de refugiados sirios, el cual se gestiona de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo de San Martín de los Andes.
