Se hizo por medio del decreto 2289/15 que lleva la firma del gobernador Jorge Sapag y del ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza.
El gobierno provincial, a través del decreto 2289, convalidó el Protocolo Único de Intervención Interinstitucional ante situaciones de violencia familiar, suscrito en octubre pasado. El documento lleva la firma del gobernador Jorge Sapag y del ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza.
Entre los considerando del decreto se indica que en 1997 se sancionó la ley 2212 de Protección y Asistencia contra los actos de violencia familiar, siendo el ministerio de Desarrollo Social el encargado de la aplicación y ejecución de las políticas y programas de prevención y asistencia.
En 2010 se sancionó la ley nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. En ese contexto, se sancionaron en 2011 las leyes provinciales 2785 de Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, y la ley 2786 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La autoridad de aplicación de la ley 2785, que es el ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, dispuso elaborar un protocolo único de intervención que establezca los procedimientos que debe seguir cada unos de los organismos intervinieres de los Poderes Ejecutivo y Judicial, de acuerdo a los dispuesto por la mencionada Ley, de manera coordinada y efectiva para evitar la multi intervención y re victimización, que efectivice una política integral de prevención, asistencia, tratamiento y reinserción de la víctima y victimarios, creándose para ello la Comisión Interinstitucional.
La mencionada Comisión elaboró el Protocolo Único, el cual será evaluado anualmente, teniendo con la finalidad de establecer mecanismos que activen eficaz y eficientemente este sistema de protección con criterio de simultaneidad con el fin de brindar una respuesta oportuna y coherente ante la aparición de una persona víctima de violencia familiar.
Por esto, el protocolo surgió a partir de acuerdos y el compromiso asumido mediante el trabajo conjunto de los organismos involucrados en la temática y a partir de considerar a la violencia familiar como un problema social complejo que requiere de respuestas integrales para enfrentarlo. Esto implica implementar servicios y programas acordes, con permanente coordinación interinstitucional, evitando intervenciones aisladas, fragmentadas o superpuestas, con el fin de no revictimizar a las personas, entendiendo que la articulación entre los diversos organismos intervinientes en las situaciones de violencia familiar debe ser el eje rector en la totalidad de las intervenciones, tanto a nivel político como técnico operativo.
La convalidación del protocolo por parte del gobierno provincial se realizó el pasado 20 de noviembre a través del mencionado decreto.