El incremento salarial implicará un aumento escalonado del 25 por ciento retroactivo a abril pasado.

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en general y por amplia mayoría la ley que avala una nueva escala de remuneraciones para magistrados, funcionarios y agentes del poder Judicial que implica un incremento salarial escalonado del 25 por ciento retroactivo a abril.

El aumento fue formalizado ayer miércoles en la 10ª sesión ordinaria y arrojó 31 votos positivos contra uno negativo, luego de un debate sobre la autarquía del Poder Judicial.

Por otro lado, el cuerpo sancionó en general la ley que declara la emergencia y desastre agropecuario de las explotaciones pecuarias de secano en cinco departamentos por un lapso de dos ciclos productivos, con finalización el 31 de mayo de 2015. La sesión fue presidida por la diputada Graciela Muñiz Saavedra, vicepresidente 1ª de la Cámara, y contó con la participación de 32 diputados.

Al fundamentar el incremento salarial a judiciales, el diputado José Russo (MPN) señaló que “el aumento implica un esfuerzo presupuestario de 126 millones de pesos anuales que, según explicaron los funcionarios del Poder Judicial en comisión, esperan financiar con mayor ejecución de recursos provenientes del 18 por ciento de la coparticipación federal”.

Recordó que hubo un extenso debate sobre el papel del Poder Ejecutivo para asistir financieramente al Judicial para otorgar el aumento y adelantó que se modificarán los artículos 1° y 5° para evitar intromisiones en otro poder del Estado. “Si uno quiere una fiesta y que la pague otro, tiene que pedir permiso”, sostuvo y consideró injusto “que nos traten de tontos para que obliguemos a otro poder del Estado a atender el aumento”.

Desde FG-Ne, Raúl Podestá recalcó que se está haciendo una excepción a un escalafón que establecía parámetros fijos en una escala y señaló que el poder Legislativo no puede obligar al Ejecutivo a hacer un decreto que cambie el destino de recursos que le son propios. También se manifestó a favor de que los jueces paguen impuestos, lo que permitirá un incremento en los recursos del Estado.

El diputado Jesús Escobar (Libres del Sur) se pronunció a favor de mantener el texto original del proyecto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y propuso modificar la ley que obliga a que las remuneraciones del poder Judicial, acordadas previamente con el gremio, deban ser aprobadas por la Legislatura. Consideró que tal situación perjudica a los empleados al efectivizarse el aumento un mes después de alcanzado el acuerdo.

En tanto, Daniel Baum (UP) explicó los alcances de la modificación del artículo 1° y recordó que la forma de financiamiento del aumento es un tema recurrente en el debate legislativo. Criticó la distribución federal de fondos de coparticipación y advirtió que “hay 10 puntos que no vienen de manera automática”.

Por otro lado, el diputado Pablo Todero (PJ) votó en forma negativa por considerar que el poder Judicial no tiene fondos ni contestación del Ejecutivo para afrontar el aumento salarial.

Por el FIT, Angélica Lagunas expresó su apoyo al aumento logrado “por la lucha de los trabajadores” pero criticó los salarios de los jueces.

En otro orden, la vicepresidente 1ª de la Cámara, Graciela Muñiz Saavedra, informó sobre la ley que declara la emergencia y desastre agropecuario con el objeto de beneficiar a productores pecuarios que ven afectada su producción o capacidad productiva por los efectos de la prolongada sequía y las cenizas emanadas por la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle – Puyehue en junio de 2011.