septiembre 29, 2009
El subsecretario de Hidrocarburos y Energía, Héctor Mendiberri, explicó que la Petrolera Piedra del Águila realizó gestiones ante su cartera -como autoridad de aplicación- y ante la Justicia con el fin de poder desarrollar las tareas de mantenimiento en las instalaciones de la zona.
El subsecretario de Hidrocarburos y Energía, Héctor Mendiberri, se refirió a la situación que se produjo este martes a partir de una orden judicial por la que la Policía de la provincia ingresó en las instalaciones de la empresa Petrolera Piedra del Águila, en la zona de Picún Leufú. Explicó que en el predio se encuentra asentada una familia que se opone al desarrollo de esta actividad desde hace dos años aproximadamente, lo que motivó que la empresa realizara presentaciones ante la Justicia.
Explicó que la petrolera también realizó gestiones ante la subsecretaría a su cargo, como autoridad de aplicación, por lo que se labró un expediente, dado que “esta actividad para poder desarrollarse exige que las instalaciones sean mantenidas periódicamente”.
“Hace casi dos años tenemos una situación irregular, con dos consecuencias: la petrolera ha visto mermada su actividad de inyección al gasoducto, perjudicando obviamente sus intereses económicos; y la provincia, como autoridad de aplicación, ha dejado operar una actividad, sin que se realicen las actividades de mantenimiento y seguridad”, dijo, y aclaró que por esta razón, la provincia también realizó presentaciones ante la Justicia.
Además, indicó que en este caso se realizaron múltiples gestiones y que en muchas de ellas participó, dado que “una actividad no puede cumplirse sin el mantenimiento de las instalaciones como marca la ley”. Por esto, se expidió la Justicia y ordenó en el día de hoy que la Policía ingrese en el predio y permita que personal de la petrolera entre hasta a las instalaciones.
Aseguró que la familia que ocupa el sitio invoca formar parte de una comunidad mapuche. Sin embargo, Mendiberri aclaró que “no se encuentran asentados en el registro de personería jurídica de la provincia donde están inscriptas todas las comunidades mapuches de la provincia”.
Desde el gobierno provincial “como funcionarios, somos los primeros que hacemos respetar los derechos de las comunidades, sobre todo cuando actividades extractivas pueden impactar en su modo de vida, y en sus tradiciones culturales, en aquellas comunidades que realmente viven de acuerdo con sus costumbres ancestrales”, indicó.
Explicó que más allá del ingreso policial, la familia permanece en la casa que está instalada en los lotes donde la empresa realiza sus actividades y aclaró que no sólo no se quiere atentar contra la cultura de un pueblo, sino que por el contrario “creemos que es parte nuestra, que estamos todos integrados”, dijo.
En este sentido, destacó los acuerdos que se han logrado con algunas comunidades, en las que “sus autoridades trabajan servicialmente hacia toda la comunidad con la responsabilidad que las autoridades tienen que tener y han logrado acuerdos muy trascendentes”, para la explotación de diferentes actividades, “obteniendo logros sustantivos. Obviamente, esto tiene que hacerse con prudencia”, dado que “cuando se practican culturas milenarias deben mantenerse, resguardarse de que se contaminen o se afecten”, expresó.