El Consejo Provincial de Educación (CPE), mediante Resolución N° 0622 resolvió separar del cargo a las personas involucradas en el hecho ocurrido en la escuela de gestión privada Sagrado Corazón, por presunta transgresión a lo normado en el Artículo 5° Incisos “a”, “d” y “e” del Estatuto del Docente, Ley 14473.
La medida adoptada por unanimidad en el seno del Cuerpo Colegiado del CPE apunta a garantizar el tiempo necesario para dilucidar la eventual responsabilidad de los involucrados, en el marco de un procedimiento que asegure de manera adecuada su indiscutible e inviolable derecho de defensa.
La ministra de la cartera educativa y presidenta del CPE, Cristina Storioni señaló que “es función de las instituciones educativas velar por la protección integral de los niños, quienes dado su estado de vulnerabilidad deben ser tratados con el mayor de los cuidados y ante cualquier riesgo de afectar alguno de sus derechos, se deben tomar las acciones tendientes a evitarlo, y esas medidas deben ser expeditas y eficaces”.
En este sentido, la titular del CPE explicó que “habiendo ocurrido presuntamente los hechos denunciados por una familia de una escuela de nuestra comunidad, es función del Consejo Provincial de Educación velar por la protección integral de los niños y adolescentes, y ante cualquier riesgo de afectar alguno de sus derechos, se deben tomar las acciones tendientes a evitarlo, y esas medidas deben ser expeditas y eficaces a fin de evitar los hechos presuntamente aquí ocurridos”.
Rápida intervención de Educación ante el grave hecho:
El Consejo Provincial de Educación, ante la expresa preocupación de la familia que se acercó al CPE a causa del hecho ocurrido en el establecimiento educativo donde habrían vulnerado los derechos de los niños y niñas de tercer grado, rápidamente intervino mediante el jefe de supervisores y la supervisora de la escuela quienes comenzaron la investigación de los hechos, para atender el interés superior de los menores.
Desde el Consejo Provincial de Educación explicaron que la medida se funda en que “es obligación del Estado velar por la protección integral del niño y del adolescente salvaguardando el interés superior del niño y dadas las características del caso, se sugiere como medida preventiva no sancionatoria, la separación de la directora a su cargo, hasta la finalización del sumario administrativo, conforme lo establece el Artículo 45º del Decreto Nº 2772/1992, a fin de propender a una correcta investigación de los hechos y normalizar el clima institucional”.