Se realizó hoy en Casa de Gobierno una nueva reunión de la Comisión Interinstitucional de seguimiento de las leyes provinciales 2785 y 2786 contra la violencia familiar y las mujeres, respectivamente.
El ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz calificó al encuentro como “muy positivo” y dijo que la comisión lleva adelante “un trabajo integral que sigue sosteniendo el Estado neuquino para abordar una problemática compleja como es la violencia”.
“De a poco se van viendo los avances a nivel operativo que puede brindar la comisión, pero sobre todo comprueba todo un trabajo interno de articulación muy rico que día a día aporta este grupo”, afirmó y recordó que la misma está integrada por los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, a los que se suma el Poder Judicial.
Alcaraz precisó que “la actividad se centra en tres dimensiones: el ciudadano, los equipos de trabajo y los ministerios, para analizar el avance que se va registrando y también todo lo que nos puede faltar”.
Por su parte, la coordinadora de la comisión, Florencia Caldart señaló que “nos hemos planteado como desafío trabajar mancomunadamente en materia de violencia con todos los grupos en situación de vulnerabilidad”.
Indicó que justamente hoy, desde la subsecretaría de Trabajo se anunció la apertura de la primera oficina contra la violencia laboral, que incluye todos los tipos de violencia en el ámbito laboral, y explicó que “en el seno de la comisión estamos trabajando en un protocolo único de intervención en materia de violencia laboral como ya se hizo mediante decreto en lo referido a violencia familiar”.
Acerca de las leyes
La ley Nº 2785, Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, que sustituye el texto de la ley Nº 2212, redefine las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en materia de violencia familiar, y detalla concretamente cuáles son las áreas de gobierno con incumbencia directa en la temática.
En tanto, la ley Nº 2786, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, define las funciones del Estado provincial en materia de asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres con criterios de interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, generando la necesidad de que las políticas públicas que se implementan se articulen con la participación de múltiples sectores.