El ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente se refirió a la protesta de la Uocra hoy en la provincia y la relacionó con una interna gremial. “Hay un sector que decía que se estaba tomando más gente de afuera que de Neuquén”, dijo y agregó que “notificamos, a través de la subsecretaría de Trabajo, que no era así”.

“El gobierno está interesado en que haya fuentes de trabajo genuinas y que se ocupe mano de obra neuquina”, aseguró el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara y consideró que el reclamo de hoy de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en la provincia está relacionado con una interna gremial.

Lara indicó que “el conflicto de fondo es el de siempre, un conflicto no resuelto en la Uocra hasta que no haya elecciones”. Dijo que desde la provincia “se está pidiendo a Nación la normalización del gremio”. Explicó que el gobierno neuquino no tiene injerencia en ese proceso y que “es un gremio nacional con matrícula nacional”.

“Dentro de los puestos de trabajo, hay un sector que era el que reclamaba hoy que decía que se estaba tomando más gente de afuera que de Neuquén. Nosotros notificamos, a través de la subsecretaría de Trabajo, que no era así”, expresó el ministro.

Comentó que para los puestos de trabajo que están en discusión se hacen diferentes convocatorias desde la firma Techint. Relató que un 80 por ciento de los trabajadores serán locales y que “dentro del 20 por ciento restante están los administrativos de planta de Techint, los capataces y lo que se mueve siempre con la empresa cuando abren obradores nuevos. Eso es normal y permanente en esa compañía tan grande”.

“El gobierno está interesado en que haya fuentes de trabajo y las reglas de juego son fuentes de trabajo genuinas”, señaló Lara y agregó que “por las gestiones del gobernador Omar Gutiérrez se consiguió la inversión y queremos que se ocupe la mano de obra neuquina. Ese es nuestro objetivo”.

Dijo que el gobierno tiene el rol de “controlar, fiscalizar y supervisar” los listados de personal, por un acuerdo con la subsecretaría de Trabajo y el ministerio de Trabajo de la Nación. Explicó que la fiscalización consiste en que “nos remitan los listados de la gente que entra para verificar esos datos”.

Añadió que desde el gobierno se hace “una trazabilidad de las listas de los que entran y los que son rechazados”, y comentó que en el caso de los rechazos es por no superar la “revisación médica o control psicofísico”.

El ministro detalló que “hay una lista de entre 120 y 200 personas autorizados a llamar, que se los llamó ayer. Están en ese proceso de tres días: volver a la empresa, les dan la ropa, ingresan y al tercer día van y les asignan el trabajo”.

“Los listados vienen a la subsecretaría de Trabajo y los avalamos. No viene gente de afuera, salvo en esos porcentajes que están visados por nosotros”, reiteró.

Además, explicó que “la industria plantea al gobierno que con esta situación hay una demora de plazos, porque tiene que ingresar más gente y ellos mismos bloquean el ingreso a otros. Con esta situación no se puede ir a las entrevistas, a los exámenes preocupacionales o revisaciones técnicas”.

Sobre los cortes de ruta, el ministro recalcó que “nosotros no tramitamos la orden de desalojo, la tramita la policía”. Señaló que “muchas veces se interpreta que el poder político es el que ordena, y no es así. El gobierno no se mete en eso. Es policía a fiscalía, fiscalías a comisarías y ahí recién ellos actúan. Dentro de la ley, la orden es del fiscal”.